AGENCIA
Nacional.- La violencia dentro de planteles educativos en México ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una preocupación constante. El reciente caso ocurrido el pasado 24 de marzo en Lázaro Cárdenas, donde un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos maestras dentro de una preparatoria privada, reavivó el debate sobre la seguridad escolar, el acceso a armas y la salud mental en jóvenes.
Aunque las autoridades suelen catalogar estos hechos como excepcionales, el historial evidencia una cadena de episodios que, con el paso de los años, han encendido las alarmas sin que exista una solución de fondo.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2007, en la Ciudad de México, cuando un hombre ingresó al colegio privado Winston Churchill y asesinó a la maestra Carla María Jiménez Baño tras una discusión, utilizando un arma calibre 9 milímetros.
Diez años después, en 2017, la violencia irrumpió en un aula de Monterrey. Un estudiante del Colegio Americano del Noreste disparó contra su maestra y tres compañeros antes de intentar quitarse la vida, dejando una estela de heridos graves y conmoción nacional.
En 2020, otro caso estremeció al país en Torreón. Un niño de 11 años abrió fuego en el Colegio Cervantes, asesinando a su maestra e hiriendo a seis personas más antes de suicidarse. El hecho generó polémica por la posible influencia de contenidos violentos y la falta de atención a la salud emocional del menor.
La violencia no se limita al uso de armas de fuego. En Guadalajara, dos mujeres fueron asesinadas dentro de un plantel educativo con armas blancas, mientras que en la Ciudad de México, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur atacó a otro alumno con una navaja, provocándole la muerte.
A estos casos se suman accidentes derivados del ingreso ilegal de armas a las escuelas. En 2017, en Azcapotzalco, un estudiante resultó herido por un disparo accidental con un arma tipo pluma. En 2022, en Iztapalapa, otro menor se lesionó al manipular un arma dentro de un laboratorio escolar, dejando además a una compañera herida por esquirlas.
Las amenazas de tiroteos también han generado pánico y suspensión de clases en distintas entidades. En Torreón, autoridades activaron protocolos tras detectar advertencias en redes sociales sobre posibles ataques en planteles como el CBTIS 156. Situaciones similares se registraron en Sonora y Durango, donde instituciones educativas suspendieron actividades ante riesgos potenciales.
Este panorama evidencia una problemática multifactorial: acceso a armas, fallas en los protocolos de seguridad, violencia social y un sistema de atención a la salud mental que no logra contener señales de alerta a tiempo.
Especialistas coinciden en que el problema no puede abordarse únicamente con operativos o revisiones escolares. La violencia en las aulas refleja un contexto social más amplio, donde la normalización de la violencia, la falta de oportunidades y la desatención institucional terminan por estallar en espacios que deberían ser seguros.
A pesar de los llamados a reforzar medidas preventivas, la repetición de estos hechos sugiere que las acciones implementadas hasta ahora han sido insuficientes. Mientras tanto, estudiantes, docentes y padres de familia continúan expuestos a una realidad que, lejos de resolverse, sigue acumulando casos y evidenciando la urgencia de una estrategia integral.
