En una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado estadounidense sobre el presupuesto 2026, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó fuertes declaraciones que sacudieron la relación bilateral con México al incluirlo en su lista de “países adversarios enemigos”, junto con Irán, Rusia y China.
Bondi, nombrada fiscal general bajo la presidencia de Donald Trump, fue enfática: “No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro gracias al liderazgo de Trump”. Aseguró que las amenazas no sólo provienen de potencias nucleares, sino también de naciones —como México— que, a su juicio, permiten la entrada masiva de drogas como el fentanilo, un opioide que ha cobrado la vida de miles de jóvenes estadounidenses.
México en el centro del debate por el fentanilo
Durante la sesión, el senador republicano Lindsey Graham interrogó a Bondi sobre el rol de México en el combate al tráfico de drogas. La fiscal evitó dar una respuesta clara en público y sugirió discutirlo en un espacio clasificado. Pero Graham no cedió: “No, no lo está ayudando. La mitad de su país está controlado por los cárteles. Nunca estaremos seguros hasta que México cambie su estrategia”.
El senador añadió que Estados Unidos no puede seguir tolerando la supuesta pasividad de su vecino del sur frente al crimen organizado. “Vamos a ir por ellos con o sin la ayuda de México”, sentenció, en referencia directa al Cártel de Sinaloa, al que Bondi responsabilizó de provocar estragos en territorio estadounidense.
Doble filo: el tráfico de armas hacia México
La discusión también abordó otro punto sensible: el flujo de armas estadounidenses hacia territorio mexicano. El senador demócrata Jack Reed cuestionó las acciones de Washington para evitar que las armas lleguen a manos de grupos criminales. “La mayoría de estos cárteles ahora operan como ejércitos privados, gracias a tecnología y armamento estadounidense”, acusó.
Bondi afirmó que se han realizado detenciones por posesión ilegal de armas en EE.UU. y destacó que “nuestras fronteras están cerradas”. Sin embargo, no respondió de forma concreta sobre los mecanismos para frenar el contrabando de armamento hacia México, lo que dejó un vacío en su argumentación y generó tensiones durante la audiencia.
Una relación bilateral en tensión
Las declaraciones de la fiscal general y la postura de los senadores reflejan una creciente presión del gobierno de Estados Unidos —en plena campaña electoral— para que México modifique su estrategia contra el crimen organizado. Sin embargo, la narrativa de confrontación y la falta de reconocimiento al papel de EE.UU. en el tráfico de armas y consumo de drogas amenaza con profundizar la tensión diplomática.
Mientras tanto, México se encuentra, una vez más, en el centro de una tormenta política que rebasa lo jurídico para convertirse en un tema de propaganda electoral. ¿Responderá el gobierno mexicano a estas acusaciones o seguirá optando por el silencio estratégico?
