AGENCIA
Sinaloa.- La trayectoria de Jorge Antonio Cano Félix, yerno del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó bajo escrutinio por su paso por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Lotería Nacional y su actual posición directiva en Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de los cuestionamientos sobre posibles vínculos entre funcionarios y el crimen organizado en Sinaloa.
Cano Félix se desempeñó en el área de Tecnologías de la Información del ISSSTE entre 2013 y 2017. Durante ese periodo, se reportaron presuntas irregularidades relacionadas con la supervisión de un contrato tecnológico, que habrían ocasionado pagos en exceso por aproximadamente 417 mil pesos.
Posteriormente, en noviembre de 2024, se incorporó a la Lotería Nacional como subdirector de Nuevos Negocios, Mercadotecnia y Publicidad. En junio de 2025 llegó a un cargo directivo en el área de Tecnologías de la Información de Pemex Corporativo.
Su posición en la petrolera ha generado especial atención por la importancia de los sistemas digitales utilizados para supervisar y controlar infraestructura estratégica, incluidos los ductos que transportan hidrocarburos en el país. Estas herramientas son fundamentales para la operación y vigilancia de la red petrolera nacional.
Además de su trayectoria en el sector público, investigaciones periodísticas han documentado la participación de Cano Félix en empresas privadas, entre ellas Stare IT Services y Rendisof. Una de esas compañías cuenta con un permiso de importación de hidrocarburos otorgado por la Secretaría de Energía, situación que plantea cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés que tendrían que ser aclarados por las autoridades competentes.
El caso adquiere relevancia en medio de los señalamientos contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, la relación familiar con el mandatario y el desempeño de Cano Félix en puestos estratégicos no constituyen, por sí mismos, pruebas de colaboración con organizaciones criminales.
La controversia pone sobre la mesa la necesidad de transparentar los antecedentes administrativos, los intereses empresariales y los mecanismos de supervisión aplicados a quienes ocupan cargos con acceso a sistemas tecnológicos de infraestructura crítica, especialmente en una empresa estatal como Pemex.
“No somos iguales”, decía AMLO, ¡son unos rapaces, unas ratotas de dos patas! ¡El yerno está más preparado que un chicharrón!
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