AGENCIA
Acapulco, Guerrero.- La alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez rechazó haberse robado 898 millones 633 mil 453 pesos correspondientes a recursos federales ejercidos durante 2023 y calificó los señalamientos en su contra como “fuego amigo”. Sus declaraciones reavivan la polémica sobre la rendición de cuentas de su administración y el destino de los recursos públicos.
“Yo no me robé nada”, afirmó la funcionaria durante una reunión con pobladores, donde retó a sus críticos a demostrar sus señalamientos y defendió el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
López Rodríguez ha sostenido que el dinero se destinó a la construcción de 511 obras en el puerto turístico. Sin embargo, la discusión no se resuelve con declaraciones públicas ni con acusaciones de persecución política: requiere documentación verificable, comprobación del gasto y claridad sobre cada obra financiada.
En junio de 2025, la alcaldesa promovió un amparo después de que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero presentara una denuncia ante la Fiscalía estatal por el presunto ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con la falta de comprobación de esos recursos. La funcionaria argumentó que la fiscalización correspondía a la Auditoría Superior de la Federación y aseguró haber entregado la documentación requerida.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la revisión realizada por la auditoría estatal al considerar que la fiscalización de esos recursos federales correspondía a la autoridad federal. Esa resolución delimita las facultades de las instancias fiscalizadoras, pero no debe interpretarse automáticamente como una declaración de que todos los recursos quedaron plenamente comprobados ni como una sentencia que establezca la existencia de un desvío.
El problema de fondo es la obligación de cualquier gobernante de explicar con precisión cómo se utiliza el dinero público. Calificar las acusaciones como “fuego amigo” y retar a los críticos puede servir para alimentar el discurso político, pero no sustituye la presentación de expedientes, contratos, facturas y evidencias de que las obras fueron ejecutadas conforme a la ley.
La controversia ocurre, además, después de que Abelina López no consiguiera el respaldo de Morena para encabezar la ruta partidista rumbo a la gubernatura de Guerrero en 2027. Tras ese resultado, la alcaldesa retomó sus actividades y cuestionó el proceso interno al afirmar que habían ganado las “encuestas de papel”.
Entre la disputa política y las declaraciones de defensa, la exigencia ciudadana sigue siendo la misma: transparencia, rendición de cuentas y pruebas documentales. Los recursos públicos no pertenecen a los funcionarios ni a sus partidos; pertenecen a la sociedad, que tiene derecho a conocer su destino sin que las explicaciones se reduzcan a descalificaciones contra quienes cuestionan el ejercicio del poder.
Abelina López dice que no se robó nada y acusa “fuego amigo”, pero gobernar no consiste en lanzar acusaciones contra los críticos ni en proclamarse inocente frente a las cámaras. Si asegura que los 898 millones de pesos se utilizaron correctamente, que presente las pruebas y explique con claridad dónde quedó cada peso. La transparencia no se demuestra con discursos, sino con documentos.
Qué conveniente resulta culpar a las disputas políticas cuando se cuestiona el manejo de recursos públicos. Abelina López exige que se demuestre que robó, pero la obligación de una alcaldesa es rendir cuentas y garantizar que el dinero de los ciudadanos se ejerza correctamente. La resolución de la Suprema Corte sobre las facultades de fiscalización no equivale a una declaración de que todo el gasto quedó comprobado. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
El cinismo político aparece cuando un funcionario pretende convertir los cuestionamientos sobre millones de pesos en una supuesta persecución personal. Abelina López puede defenderse y denunciar irregularidades en su contra, pero eso no la exime de explicar el destino de los recursos públicos. Las 511 obras que afirma haber realizado deben poder comprobarse. Porque cuando se trata del dinero del pueblo, no bastan las palabras, las encuestas ni los discursos: hacen falta resultados y cuentas claras.
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