De la redacción
El Buen Tono
Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene en la mira a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, como parte de una estrategia para combatir las redes de protección que operan en favor de grupos delictivos.
Durante una entrevista en el programa American Thought Leaders, la funcionaria señaló que las acciones de Washington no solo están dirigidas contra integrantes de organizaciones criminales, sino también contra personas dentro de estructuras gubernamentales que, según afirmó, han brindado apoyo o protección a dichas actividades.
Carter explicó que una de las medidas implementadas por la administración estadounidense consiste en la identificación y confiscación de recursos financieros de presuntos integrantes del crimen organizado y de quienes colaboran con ellos.
No obstante, la funcionaria también destacó la cooperación que mantiene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad, señalando que existe una coordinación más estrecha que en años anteriores.
Asimismo, afirmó que agencias de inteligencia de Estados Unidos proporcionaron información que contribuyó a las operaciones realizadas por fuerzas mexicanas para ubicar a objetivos prioritarios relacionados con el crimen organizado.
Las declaraciones ocurren en medio de una mayor presión de Washington para fortalecer el combate a estas organizaciones y mientras el gobierno mexicano ha intensificado acciones contra servidores públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
El pasado 27 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 85 funcionarios y exfuncionarios públicos han sido detenidos durante la actual administración por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las declaraciones de Carter han generado atención debido a que plantean una estrategia que no solo apunta a las estructuras criminales, sino también a quienes, desde cargos públicos, sean señalados de facilitar o proteger sus operaciones.
