AGENCIAS
Puebla, Pue.- El costo real de los traslados en helicóptero del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, volvió a generar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, luego de que su administración defendiera que un viaje redondo entre Puebla y la Ciudad de México representa un gasto aproximado de 7 mil 500 pesos, mientras mantiene bajo reserva durante cinco años las bitácoras de vuelo y los gastos de operación de las aeronaves oficiales.
La explicación fue ofrecida el pasado 9 de noviembre por el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien aseguró que el traslado del mandatario a la capital del país tuvo un costo aproximado de 7 mil 500 pesos, correspondiente principalmente al combustible, el servicio de despacho y los impuestos.
De acuerdo con el funcionario, el recorrido de ida y vuelta comprende aproximadamente 260 kilómetros y requiere alrededor de 350 litros de combustible. El cálculo considera un precio de 17.75 pesos por litro, lo que representa 6 mil 212.50 pesos, además de aproximadamente 274 pesos por el servicio de despacho, más IVA.
García Parra rechazó así los señalamientos sobre un supuesto costo de 290 mil pesos por el traslado y explicó que el viaje tuvo como propósito acompañar al gobernador a una reunión con representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), relacionada con la próxima entrega de equipo para la entidad, prevista para el 17 de noviembre.
Sin embargo, la explicación no despeja todos los cuestionamientos, debido a que la ciudadanía no tiene acceso a los registros completos que permitirían contrastar los gastos declarados con la operación real de las aeronaves.
RESERVAN INFORMACIÓN HASTA 2031
La controversia tiene como antecedente la decisión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Puebla, que el 22 de mayo de 2026 determinó clasificar como reservada, por cinco años, la información relacionada con las operaciones de los helicópteros oficiales.
La resolución impide consultar las bitácoras de vuelo, los registros de pasajeros, las rutas, los horarios y los gastos de operación, incluidos los relacionados con combustible, mantenimiento y seguros.
La determinación quedó documentada en la respuesta a la solicitud de información con folio 761200526000154, presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
La dependencia argumentó que divulgar estos datos podría comprometer la seguridad pública y permitir identificar patrones de movilidad del gobernador y de otros servidores públicos.
La reserva también abarca información de aeronaves oficiales identificadas con las matrículas XC-HPZ, XC-LMO y XC-LNA, de acuerdo con reportes sobre las solicitudes de transparencia.
101 VIAJES EN DIEZ MESES
Los cuestionamientos sobre el uso de los helicópteros no son nuevos. Una investigación publicada por SinEmbargo el 8 de diciembre de 2025 documentó que Alejandro Armenta había realizado 101 viajes durante sus primeros diez meses de administración, principalmente hacia la Ciudad de México.
En aquella ocasión, la Oficina del Gobernador respondió que no contaba con una partida presupuestal específica para identificar puntualmente los gastos de esos traslados, debido a que se cubrían con el presupuesto propio de la dependencia.
La falta de registros públicos desglosados impidió conocer cuánto representaron económicamente esos desplazamientos para las finanzas estatales.
Por otra parte, el Gobierno de Puebla ha defendido el uso de las aeronaves al señalar que más del 90 por ciento de sus vuelos se destinan a traslados médicos, emergencias y labores de protección civil, según declaraciones del coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, difundidas en mayo de 2026.
TRANSPARENCIA, EL PUNTO CENTRAL
Aunque el gobierno estatal sostiene que los helicópteros permiten reducir tiempos de traslado y atender emergencias, la controversia se mantiene ante la imposibilidad de verificar de manera independiente la frecuencia de los viajes, sus destinos, los pasajeros y el costo total de operación.
El debate no se limita a los 7 mil 500 pesos que las autoridades atribuyen a un recorrido específico, sino a la necesidad de conocer cuánto cuesta mantener y operar la flota aérea estatal, cuánto combustible consume, cuánto se destina a mantenimiento y bajo qué criterios se autoriza el uso de estas unidades.
Mientras las autoridades defienden la utilidad de los helicópteros, la información que permitiría evaluar el gasto público permanece reservada hasta 2031, salvo que la clasificación sea modificada antes.
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