AGENCIA
Internacional.- El gobierno de Venezuela acusó este lunes a Trinidad y Tobago de colaborar en el “robo” de un buque cargado con petróleo venezolano que fue incautado por Estados Unidos la semana pasada, en un contexto marcado por el incremento de maniobras militares estadounidenses en el Caribe.
De acuerdo con un comunicado difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de la plataforma Telegram, Caracas aseguró tener “conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano”, señalando que el 10 de diciembre se produjo el “asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela”.
El texto califica el hecho como un “acto de piratería” y lo considera una “grave violación del derecho internacional”, así como una transgresión a los principios de libre navegación y comercio. La acusación se produce luego de que el mandatario estadounidense anunciara la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, una medida calificada como inédita en la prolongada crisis entre Washington y Caracas.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ratificó la suspensión de los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, una decisión que había sido adoptada desde octubre tras la participación del archipiélago en ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos. El nuevo comunicado ordena “extinguir” de manera inmediata cualquier trato bilateral en materia energética.
“El Gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país”, señala el documento oficial.
Desde Puerto España, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, rechazó las acusaciones y calificó el anuncio venezolano como “propaganda falsa”. Afirmó que la incautación del petrolero fue ejecutada por el ejército estadounidense y que las quejas de Caracas deberían dirigirse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La mandataria subrayó que su país no depende del gas natural venezolano, ya que cuenta con reservas suficientes, y aseguró que mantiene relaciones pacíficas con el pueblo venezolano. No obstante, Trinidad y Tobago confirmó este lunes que permitirá el uso de sus aeropuertos por aeronaves militares estadounidenses en las próximas semanas para movimientos de carácter logístico. En noviembre, además, fue instalado un radar en el archipiélago con apoyo de Washington.
Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, advirtió que las acciones del gobierno trinitense ponen en riesgo las relaciones bilaterales y “ponen en peligro a su propio pueblo”.
El crudo es el principal recurso económico de Venezuela y permanece sujeto a un embargo estadounidense desde 2019, lo que ha obligado al país a comercializar su producción en mercados alternativos, principalmente asiáticos, a precios inferiores a los internacionales.
En este contexto, la Unión Europea decidió prorrogar hasta enero de 2027 las sanciones impuestas desde 2017 contra integrantes del gobierno venezolano, que incluyen un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. El bloque justificó la medida por las acciones que, según señaló, socavan la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el país.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado un aumento reciente de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela. De acuerdo con la oenegé Foro Penal, actualmente existen al menos 889 presos políticos. En las últimas semanas fueron detenidos dirigentes sindicales, periodistas y figuras opositoras, hechos que han intensificado las críticas internacionales.
Caracas rechazó la renovación de las sanciones europeas y las calificó como “medidas coercitivas unilaterales”, reafirmando su postura de confrontación frente a las presiones externas.
