AGENCIA
Nacional.- Los preparativos rumbo al Mundial de Futbol 2026 en México no se limitan al ámbito deportivo. A meses de que el país sea nuevamente sede de una Copa del Mundo, han salido a la luz diversas cláusulas contenidas en los acuerdos firmados con la FIFA que implican compromisos económicos, fiscales y legales de gran alcance para el Estado mexicano.
De acuerdo con una investigación presentada por la periodista Peniley Ramírez, México suscribió convenios que lo obligan a asumir responsabilidades que van más allá de la organización logística del torneo. En el programa Aristegui en Vivo, la periodista explicó que revisó dos contratos idénticos firmados en Zúrich en junio de 2022, correspondientes a las sedes de Monterrey y la Ciudad de México, así como un documento federal de garantías fechado en junio de 2025. Dichos textos fueron firmados por autoridades locales y federales como parte del proceso para asegurar la realización del evento.
Uno de los puntos centrales de los acuerdos es la condonación total de impuestos a la FIFA por sus ingresos comerciales en territorio nacional. Esta exención fiscal se extiende también a una figura denominada “clientes FIFA”, un concepto amplio que permitiría beneficiar a terceros privados sin una lista específica ni criterios claros, lo que abre la puerta a una aplicación discrecional del beneficio.
El impacto también alcanza al gasto público. México se comprometió a financiar acciones como la llamada “limpieza social” en un radio de dos kilómetros alrededor de los estadios, lo que implica el retiro de comercio informal, operativos de control vial, señalización y logística urbana. Además, deberá garantizar transporte público gratuito, como metro y metrobús, para las personas que asistan a los partidos, así como facilitar instalaciones y servicios requeridos por la FIFA.
En el ámbito legal, los compromisos incluyen la renuncia del Estado mexicano a dirimir controversias en tribunales nacionales, aceptando que cualquier disputa se resuelva en instancias internacionales. A esto se suma una cláusula mediante la cual México renuncia a su inmunidad, lo que podría derivar en sanciones o embargos en el extranjero en caso de conflictos legales relacionados con el torneo.
Para la periodista, uno de los aspectos más delicados es una disposición que permite a la FIFA agregar nuevas obligaciones de manera unilateral, las cuales México estaría obligado a aceptar. Esta cláusula, advirtió, convierte los acuerdos en un “cheque en blanco” y pone sobre la mesa la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el costo real que implicará para el país ser sede del Mundial 2026.
