José Juan
El Buen Tono
Ixhuatlán.- El cierre de la administración que preside Dora Angélica Galicia Contreras, avanza entre la improvisación y el desorden.
A 10 días de concluir el periodo municipal, el informe de gobierno sigue sin fecha definida, de manera extraoficial se conoció que podría realizarse el 27 de diciembre, lo que exhibe la falta de planeación con la que la alcaldesa pretende cerrar su gestión.
Como posible sede del evento se menciona el Centro Cultural Multidisciplinario, una obra con atrasos visibles y señalada por el Orfis en la Cuenta Pública 2024 como proyecto sin iniciar.
La administración municipal tiene 52 observaciones y 30 recomendaciones. Además de un daño patrimonial superior a 65.7 millones de pesos, equivalente a más del 50 por ciento del presupuesto anual municipal, por obras pendientes, transferencias sin comprobar y apoyos carentes de sustento documental.
Mientras se alista un informe sin certeza, los servicios municipales operan a medias, especialmente porque el personal administrativo inició su periodo vacacional desde el jueves 18 de diciembre, y sólo hay guardias en áreas vitales.
Vecinos reportaron fallas constantes en la recolección de basura debido a la falta de personal tras los despidos de los últimos meses.
En escuelas, madres de familia se organizaron para realizar labores de limpieza ante el retiro de trabajadores asignados por el ayuntamiento, aunque lo que debieron de hacer es exigirle a la todavía alcaldesa que cumpla con sus responsabilidades.
Robo
La crisis laboral es otro problema, al menos 30 extrabajadores municipales denunciaron que les quedó pendiente el pago de dos quincenas y el aguinaldo, pese a que dichos conceptos estaban incluidos en sus contratos trimestrales.
Hasta el momento, el gobierno local se mantiene sin dar una explicación pública sobre tales adeudos.
En este escenario, trascendió que José Lázaro Rodrigo Fernández Hernández, quien se presenta como asesor externo de Comunicación Social y se dice protegido del tesorero, Andrés Herrera, ofreció 500 pesos a los reporteros que asistan al informe, bajo la consigna de no cuestionar ni señalar a la presidenta municipal.
Lo anterior se interpretó como un intento de control informativo frente a un cierre de administración marcado por observaciones financieras y un ayuntamiento paralizado, lo que afecta servicios básicos para la población.
