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Monreal frena a Sheinbaum: Congreso debe aprobar eliminación del impuesto a videojuegos

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Agencias

Ciudad de México.— Pese a la intención del Ejecutivo Federal de suspender el gravamen especial a videojuegos con contenido violento, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene facultades legales para cancelar cobros vigentes sin la aprobación del Congreso de la Unión.

Monreal explicó que cualquier cambio en la recaudación requiere un proceso formal de reforma parlamentaria, ya que el impuesto del 8 % a los videojuegos está establecido mediante ley. “El Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”, señaló el legislador zacatecano en un comunicado.

Ruta legal para la eliminación del impuesto

Para que la promesa de Sheinbaum se materialice, según Monreal, se deben seguir estos pasos:

  1. Derogación del IEPS: Eliminar expresamente el inciso K), fracción I, artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
  2. Ajuste a la Ley de Ingresos: Una vez modificado el IEPS, recalibrar la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2026.
  3. Eliminación del concepto: Retirar formalmente el rubro de recaudación por videojuegos con violencia para evitar inconsistencias contables.

El legislador destacó que, aunque hay coincidencia política con la presidenta sobre la eliminación del impuesto, el proceso debe ser “constitucionalmente correcto”. Una vez recibida la iniciativa formal, la bancada mayoritaria procederá a votarla para su derogación. Monreal subrayó que la ausencia de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no es argumento suficiente para extinguir la obligación tributaria actual.

Sheinbaum y su propuesta de prevención

La presidenta había anunciado que se descartaría el cobro del impuesto y que se impulsarán campañas de paz y prevención de adicciones entre los jóvenes. Sin embargo, el marco legal vigente obliga a mantener el cobro hasta que se concrete la derogación oficial en el Congreso de la Unión.

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