Agencias
San José, Costa Rica.- El gobierno de Nicaragua excarceló a “decenas” de personas, luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua denunciara la detención “injusta” de más de 60 opositores, calificadas como presas políticas, y abogara por su liberación. La medida se dio en el marco de los 19 años de mandato de Daniel Ortega, quien junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, enfrenta creciente presión internacional por violaciones a derechos humanos.
Aunque el régimen oficialista presentó la liberación como un gesto “de paz y reconciliación”, expertos advierten que la decisión responde más a un cálculo político que a un cambio real en el respeto a las libertades civiles. Analistas como Óscar René Vargas señalan que tras los recientes sucesos en Venezuela, que incluyen la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el gobierno de Ortega-Murillo percibe una mayor fragilidad y busca concesiones para ganar tiempo y mantener el poder.
Los especialistas coinciden en que la liberación de presos es un gesto estratégico ante el aislamiento regional del gobierno nicaragüense, cuyos principales aliados se limitan a México, Cuba y Venezuela. Para la socióloga María Teresa Blandón, la medida también busca mejorar la imagen de Nicaragua ante Estados Unidos, de quien depende económicamente a través de comercio y remesas, mientras mantiene un discurso retórico antiimperialista.
A pesar de la liberación, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos advierten que persisten riesgos para los opositores y que la justicia selectiva continúa siendo una característica del régimen. La presión internacional y los cambios geopolíticos en América Latina han dejado claro que el gobierno nicaragüense actúa más por conveniencia política que por compromiso real con los derechos humanos.
