DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Cuautlapan.- El colectivo ambientalista Pro Derechos Constitucionales hizo un llamado urgente a la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, para que sancione a la empresa responsable de contaminar con ácido sulfhídrico un afluente del río Cuautlapan, en lo que calificó como un atentado contra la salud pública y el medio ambiente.
José Enedino González Nava, representante del colectivo, señaló que la mandataria estatal debe garantizar el estado de derecho y hacer cumplir las normativas ambientales. “La situación es grave. La inacción de las empresas e industrias contaminantes es un delito que solo es superado por la inacción de la sociedad civil y de las autoridades”, declaró.
González Nava recordó que existen instrumentos legales que protegen a la población, como el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Asimismo, citó la Ley General de Salud y la Ley de Aguas Nacionales, que establecen sanciones para quienes contaminen cuerpos de agua.
El derrame de ácido sulfhídrico —sustancia corrosiva y altamente tóxica— no solo pone en riesgo la biodiversidad acuática y la calidad del agua, sino que representa una amenaza directa para comunidades que dependen de ese afluente. Además, el incidente refleja un patrón recurrente: la pérdida de recursos hídricos debido a prácticas industriales irresponsables.
La contaminación del nacimiento de agua denominado Santa Rita, de la congregación Campo Chico, de Ixtaczoquitlán, en su trayecto contamina a otros afluentes y representa un riesgo mayor.
Vecinos acusan que los responsables de esta contaminación son Fermex, quienes aseguran haber atestiguado cómo esa empresa deposita esos desechos en el agua, por lo que debería ser no solo sancionada con una multa, sino clausurada por los riesgos a la salud a los que expuso a la población de la zona.
Los ambientalistas exigen transparencia en la investigación, la reparación del daño ecológico y la aplicación estricta de la ley para evitar que hechos similares se repitan.
No solo se trata de un delito ambiental; es una violación al derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano.
