De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Mientras el Gobierno de Veracruz presume orden, legalidad y filtros estrictos en materia de seguridad, en Orizaba se impone la opacidad. La intención del alcalde Hugo Chahín Kuri de mantener como jefe policiaco a Alfredo Álvarez Valenzuela -capitán retirado de la Marina, señalado públicamente por casos de acoso sexual y desaparición forzada- no sólo contradice el discurso oficial, sino que siembra alarma social y desconfianza en una ciudad golpeada por la violencia y la impunidad.
La gobernadora Rocío Nahle García fue clara: los 211 ayuntamientos del estado, con excepción de Tamiahua, deben someter a sus responsables de Seguridad Pública a los exámenes de control y confianza. “Por ley, todos los delegados municipales que asuman el tema de seguridad deben pasar el examen de control de confianza; ya se les notificó y se les indicó el día que deben presentarse”, afirmó. Sin embargo, en Orizaba el mensaje parece ignorarse o relativizarse, al insistir en sostener a un perfil rodeado de señalamientos graves.
La colectiva Marea Verde de las Altas Montañas encendió las alertas: el nombramiento de Álvarez Valenzuela -dijeron- ocurre en un contexto especialmente delicado, pues existen señalamientos públicos de que habría sido procesado por delitos como desaparición forzada, acoso sexual, tortura, lesiones y abuso de autoridad durante su desempeño previo. No se trata de rumores menores, sino de acusaciones que tocan el núcleo mismo de los derechos humanos.
Frente a esta carga de cuestionamientos, el alcalde en su momento aseguró que su jefe policiaco fue absuelto. El problema es que no ha presentado una sola prueba documental que respalde esa “exoneración”. No hay sentencias, no hay resoluciones públicas, no hay constancias, sólo palabras. Y en seguridad pública, las palabras no bastan.
Marea Verde recordó que no es la primera vez que en Orizaba se colocan mandos con antecedentes de señalamientos por desaparición forzada, una práctica que colectivas y defensores de derechos humanos ya habían denunciado como una omisión institucional grave. La reiteración, advirtieron, normaliza la violencia y pisotea la memoria de las víctimas.
La decisión no es menor: impacta directamente en la confianza ciudadana y en las condiciones reales de seguridad, especialmente para niñas, adolescentes y mujeres, quienes enfrentan violencias estructurales cotidianas, muchas veces toleradas -o ejercidas- por autoridades que deberían protegerlas.
Nombrar perfiles cuestionados en puestos clave no sólo es imprudente: es peligroso.
La Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública son claras: los mandos deben cumplir con criterios de honorabilidad, confiabilidad y respeto irrestricto a los derechos humanos. Orizaba hoy camina en sentido contrario. Y lo hace sin explicar, sin transparentar y sin probar.
Porque cuando un alcalde protege a un mando señalado y desoye el llamado estatal a depurar corporaciones, el mensaje es devastador: en esta ciudad, la legalidad es negociable y la dignidad de las víctimas, secundaria.
