Agencias
México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el centro de la polémica tras revelar una adjudicación directa de 1.1 millones de pesos para la realización de una miniserie sobre la elección judicial.
El contrato, por un monto exacto de 1,157,000 pesos, fue asignado al productor Gilberto Solís Mendívil, vinculado a contrataciones previas con Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de Radio y TV de Hidalgo, quien ha sido relacionado con presuntos esquemas de empresas fachada para servicios que no se habrían realizado.
Ante la controversia, las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel se deslindaron públicamente de la decisión. Humphrey señaló en sus redes sociales que no participó en la idea ni en la contratación de la miniserie y que su función no incluye adquisiciones de bienes y servicios institucionales. Añadió que la producción contiene principalmente elementos gráficos de la autoridad electoral y que la adjudicación estuvo a cargo de otras áreas del INE.
Por su parte, Ravel explicó que las consejerías electorales no intervienen en procesos de contratación y que estos corresponden a la Junta General Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Administración y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, conforme al Reglamento del INE en Materia de Adquisiciones. La funcionaria subrayó que la transparencia, legalidad y rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza ciudadana en la institución.
La decisión de asignar recursos para la producción audiovisual ha generado críticas y cuestionamientos sobre la priorización del gasto público dentro del INE, mientras se cuestiona la relevancia de este tipo de contenidos frente a otras necesidades de comunicación institucional.
