AGENCIA
Villahermosa.- Miguel Ángel es un trabajador común en Villahermosa. Conduce vehículos para ganarse la vida y complementa sus ingresos realizando labores de apoyo logístico en bailes populares. Su perfil público, reflejado incluso en documentos oficiales y redes sociales, es el de un chofer que sostiene a su familia con empleos informales y temporales. Sin embargo, ese retrato cotidiano contrasta de forma abrupta con otro registro: Miguel Ángel figura como accionista de Comercio y Construcción de Tabasco SA de CV, una empresa identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladora de operaciones, mejor conocida como empresa “fantasma” o facturera.
La compañía fue constituida en 2018 ante la notaría 7 de Tabasco, asociada al círculo notarial de Adán Augusto López, y operó desde una plaza comercial propiedad de la familia Bermúdez Requena. Durante el gobierno estatal encabezado por López Hernández, la empresa obtuvo contratos públicos, pese a que posteriormente fue incluida en el listado definitivo del SAT por simular operaciones y emitir facturas sin sustento real.
Miguel Ángel Muñoz Boettiger no es un caso excepcional. La utilización de trabajadores, oficinistas y personas sin capacidad económica real como socios, accionistas o apoderados legales se repite en decenas de empresas tabasqueñas que, en los hechos, funcionaron como fachadas de una red empresarial más amplia. Así lo documentó una investigación que expuso un patrón sistemático: identidades prestadas para encubrir a los verdaderos beneficiarios de contratos públicos.
Otro ejemplo es el de Carlos Suárez Alor, quien en su perfil profesional se describe como auxiliar administrativo en Rager de Tabasco, una empresa creada hace más de dos décadas por los hermanos Bermúdez Requena. Paralelamente, este empleado aparece como apoderado legal de Construagregados Hopelchén, otra compañía incluida por el SAT en su lista definitiva de factureras. Al igual que Comercio y Construcción de Tabasco, Construagregados Hopelchén fue contratista durante el periodo en que Adán Augusto López gobernó el estado.
La práctica permitió articular una red empresarial que simuló competencia en procesos de contratación pública. Empresas con los mismos domicilios fiscales, apoderados legales compartidos y vínculos societarios encubiertos participaron en los mismos concursos, creando la apariencia de pluralidad para acaparar recursos públicos. El entramado creció de forma notable durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y posteriormente se extendió a por lo menos seis estados gobernados por Morena, además de dependencias federales.
De acuerdo con los documentos analizados, al menos 20 empresas integraron esta red, la cual obtuvo contratos por más de 2 mil 360 millones de pesos en Tabasco, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, así como a nivel federal. La presencia fue especialmente relevante en dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo donde se registró el mayor caso de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Algunas de las compañías beneficiadas tuvieron como socio, administrador o apoderado a Alejandro Márquez Rodríguez, empresario tabasqueño conocido como “El Ganso”, identificado como amigo cercano de Adán Augusto López. Márquez incluso acompañó al entonces secretario de Gobernación durante su gira como precandidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024, reforzando la cercanía política y personal.
La relación entre política, negocios y domicilios compartidos se vuelve más evidente al revisar el piso 15 de la torre empresarial más grande de Tabasco. Ese nivel está escriturado a nombre de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, empresa de la cual Adán Augusto López es copropietario. En ese mismo piso se encuentra el domicilio fiscal de Mar & Mel del Sureste, compañía que ha recibido contratos y subsidios por más de 4 millones de pesos en gobiernos morenistas de Tabasco y Chiapas, pese a que su accionista y administradora única se dedica a la venta de productos nutricionales y cosméticos.
La simulación de competencia quedó documentada en múltiples procedimientos. El 16 de mayo de 2024, en un concurso para la limpieza de los ríos Grijalva y Espino, Conagua recibió propuestas de tres empresas vinculadas entre sí: Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México; Comercio y Construcción de Tabasco, ya señalada como facturera; y Proyectos, Obras y Suministros del Sureste. Las dos primeras compartían domicilio en la calle Tres número 214, colonia Reforma, en el centro de Villahermosa. La tercera tenía su sede en otro inmueble que también funcionaba como domicilio alterno de las mismas compañías.
Ese mismo patrón se repitió en licitaciones de la Secretaría de Educación de Tabasco y en procedimientos del Ayuntamiento de Jalapa, donde empresas hoy reconocidas como simuladoras de operaciones fueron invitadas a concursar juntas, reportando idénticos domicilios fiscales.
El caso de Grupo Comercial e Industrial Tenda ilustra cómo la red trascendió el ámbito estatal. La empresa recibió dos contratos de Segalmex por 113 millones de pesos para el suministro de maíz y frijol, a pesar de carecer de experiencia, infraestructura y capacidad operativa. Las asignaciones se otorgaron en 2022 y 2023, cuando ya era público el escándalo de corrupción que rodeaba a Segalmex.
La Auditoría Superior de la Federación revisó uno de esos contratos y concluyó que Tenda no acreditó contar con los recursos técnicos, financieros ni humanos necesarios. Al momento de recibir el contrato, la empresa tenía apenas seis trabajadores registrados ante el IMSS. Además, se comprobó que subcontrató el 100 por ciento de los servicios, actuando únicamente como intermediaria, sin ejecutar directamente las tareas para las que fue contratada.
A pesar de la falta de documentación, de las inconsistencias operativas y de la ausencia de capacidad real, Segalmex volvió a adjudicarle un nuevo contrato millonario en 2023. Las observaciones de la ASF no impidieron que la empresa siguiera recibiendo recursos públicos.
El entramado quedó al descubierto tras el análisis de miles de documentos, entre facturas, contratos, actas mercantiles y procedimientos de adjudicación. Lo que emerge es un patrón claro: trabajadores comunes convertidos en socios de papel, empresas fantasma compartiendo domicilios y apoderados, y una red que simuló competencia para canalizar recursos públicos durante y después del gobierno de Adán Augusto López en Tabasco.
Hasta el cierre de esta investigación, el exgobernador y actual figura política no había emitido una postura pública sobre los señalamientos. El silencio contrasta con la magnitud de una red que, durante años, operó a la vista de las autoridades y bajo el amparo de contratos públicos multimillonarios.
