Agencias
Ciudad de Panamá. – La Corte Suprema de Justicia de Panamá anuló de manera definitiva el contrato que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los accesos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá. La sentencia, considerada final e inapelable, declaró el contrato inconstitucional por favorecer de manera desproporcionada a la empresa y causar un perjuicio económico al Estado panameño.
El fallo ha generado una crisis política y diplomática, especialmente en la relación con China, y obliga al Gobierno panameño a replantear la administración portuaria. El presidente José Raúl Mulino anunció que se implementará un proceso de transición ordenada y que los futuros operadores de los puertos serán múltiples, con el fin de reforzar la soberanía, la competencia y la transparencia. Mientras se define el nuevo esquema, la empresa danesa Maersk asumirá temporalmente la gestión de las terminales para garantizar la continuidad operativa.
PPC ha iniciado un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional, alegando perjuicios por la decisión estatal. Por su parte, China calificó la sentencia como “jurídicamente absurda” y advirtió que Panamá podría enfrentar consecuencias económicas y diplomáticas. Mulino defendió la independencia judicial y la soberanía del país, asegurando que Panamá no cederá ante amenazas externas, aunque expresó su intención de evitar que la situación escale.
