*El Ayuntamiento de Córdoba en la mira del órgano garante
Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- No es la primera vez que las solicitudes de información sobre la gestión de Vania López González, hoy regidora novena y durante la administración 2022-2025 síndica única, terminan en un callejón sin salida. Pero esta vez el expediente suma dos agravantes: Una funcionaria que responde sin tener atribuciones y una integrante del Comité de Transparencia que, por parentesco directo, debería estar fuera de toda deliberación.
El folio 950546126000125 fue el primero en encender las alertas. Se solicitó documentación pormenorizada de los programas “Tequila con Tokio” y “Sembrando Vida, Cosechamos Agua”. La respuesta, sin embargo, no vino de quien ejecutó esos recursos, sino de la actual síndica única, Irene Sedas González. A través de los oficios SU/00796/2026, SU/0082/2026, SU/0079/2026 y SU/0077/2026, la funcionaria respondió de forma idéntica: “no se encontró ninguna información”.
Se impugnó: en el recurso de revisión Ayunt2601640, presentado ante la Contraloría General del Estado el 11 de febrero de 2026, se acusó una maniobra de “evasión improcedente y posible falsedad en la respuesta”. El argumento “La actual síndica no es la titular de la información ni la autoridad que ejecutó los programas. Derivar la solicitud a ella, sabiendo que no posee los archivos, es una maniobra dilatoria que viola el principio de buena fe y la obligación de búsqueda adecuada”.
El recurso cita expresamente el artículo 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que sanciona como infracción grave “negar información, obstruir el acceso o proporcionar respuestas inexactas”.
Apenas 24 horas después de interpuesto ese recurso, este medio registró un nuevo folio: 950546126000278. La solicitud, fechada el 10 de febrero, está dirigida de forma directa y nominal a Vania López González, ya no a su oficina, sino a su persona jurídica, en su doble carácter de “ex síndica única (2022-2025), autoridad ejecutora directa, y actual regidora novena (2026-2029)”.
Se requiere, con lujo de detalle, el presupuesto asignado a ambos programas, estados de cuenta, facturas, padrones de beneficiarios, actas constitutivas de los Comités Ciudadanos Ambientales, convenios con instancias federales, y los oficios de gestión enviados a SADER, CONAFOR y SEDARPA.
Pero lo que hace única a esta nueva solicitud no es solo la precisión de sus 16 puntos, sino una advertencia y se pone de conocimiento a la Contraloría General del Estado una denuncia de naturaleza administrativa.
“Es público que la C. Itzel López González es integrante de este Comité y es hermana de la C. Vania López González, sujeto obligado directo de la presente solicitud”.
La advertencia, con fundamento en el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, exige que Itzel López se abstenga “de participar en cualquier deliberación, análisis o decisión relacionada con esta solicitud o sus derivados, garantizando el Comité en pleno la objetividad e imparcialidad del trámite”.
