Sandra González
El Buen Tono
Ixhuatlancillo.- Independientemente de si las personas que captaron arrojando bolsas con basura cerca del río Orizaba pertenecen o son ajenas al ayuntamiento, el alcalde, José Manuel González Nicolás, tiene la obligación legal de investigar los hechos, atender la contaminación que se generó y, en su caso, sancionar a los responsables del ilícito.
Dijeron que la legislación ambiental vigente establece castigo para quienes ensucien la vía pública.
La polémica surgió luego de que vecinos del fraccionamiento Los Olivos difundieran un video en el que se observa a varias personas descargar bolsas negras con residuos en un predio contiguo al citado afluente.
Durante la grabación, un ciudadano los cuestiona y los involucrados respondieron que trabajaban para el ayuntamiento; posteriormente, el gobierno municipal negó la afirmación mediante un comunicado oficial.
Pero, lejos de dar por concluido el asunto, solicitó al ciudadano que realizó la grabación acudir a sus oficinas para aportar información que permita identificar a los responsables y aplicar las sanciones necesarias
Sin embargo, el caso va más allá de establecer si los responsables son servidores públicos.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los municipios son responsables de la gestión de la basura y deben actuar ante cualquier hecho que represente contaminación ambiental dentro del territorio que gobiernan.
Además, el artículo 115 de la Constitución otorga a los municipios facultades exclusivas para atender este tipo de situaciones.
Lo anterior, implica iniciar la atención del reporte, inspeccionar los hechos, coordinarse con autoridades ambientales estatales o federales cuando sea necesario, sancionar las infracciones conforme a sus reglamentos y ordenar limpieza.
En la grabación, el ciudadano que documentó los hechos cuestiona a quienes descargaban los residuos sobre su identidad, obteniendo como respuesta que eran trabajadores del ayuntamiento.
La contradicción con la versión oficial incrementa la necesidad de una investigación que permita esclarecer quiénes son los responsables y bajo qué circunstancias realizaban esa actividad.
Vecinos de la zona aseguraron que la práctica se ha repetido en distintas ocasiones y que, al romperse las bolsas o ser arrastradas por la lluvia, los residuos terminan en el río Orizaba, con el riesgo de afectar a Ixhuatlancillo, pero también a los municipios ubicados aguas abajo.
Hasta el momento se carece de una resolución oficial que determine la identidad de quienes aparecen en el video cometiendo una acción fuera de la ley.
Mientras tanto, la exigencia ciudadana apunta a que el ayuntamiento debe ejercer las atribuciones que la ley le confiere para proteger el medio ambiente y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
“Es insuficiente que el alcalde sólo se deslinde de los hechos, es u deber investigar y aplicar la ley, pero como es el primero en violarla, carece de moral para aplicarla”, expresó un ambientalista.
