Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver. — La Contraloría Municipal notificó formalmente el inicio de una investigación contra servidores públicos del Instituto Municipal de las Mujeres, tras la queja presentada por Monserrat N., víctima de violencia familiar, quien acusó a la titular Mónica Ponce Zamudio y a la asesora jurídica María de la Trinidad Pizarro Jiménez de omisión y abandono en su proceso penal.
A través del oficio OIC/JIRSP/0033/2026, notificado el 26 de febrero, la autoridad municipal informó a Monserrat N. que se abrió el expediente OIC/EPRA/INV/009/2026 para investigar los actos u omisiones atribuibles a servidores públicos del Ayuntamiento. El documento, firmado por el jefe de Investigación de Responsabilidades de Servidores Públicos, César Montales Pérez, señala que existen “datos e indicios que presumen la comisión de una falta administrativa”.
La queja de Monserrat N., presentada el 20 de febrero, detalla una serie de irregularidades cometidas por las funcionarias. La víctima refiere que el 6 de febrero fue notificada por un juzgado sobre una apelación de su agresor para retirar las medidas cautelares. Al acudir con la asesora jurídica, ésta le habría indicado que ella debía recoger y entregar personalmente la notificación, pese a que legalmente correspondía a la asesoría realizar esa gestión.
Al acudir al juzgado el 12 de febrero, Monserrat N. descubrió que existía una apelación previa del 10 de noviembre de 2025 de la que nunca fue notificada, lo que implicó una dilación procesal. Aunque la víctima envió los documentos escaneados a la asesora, pasaron días sin respuesta. La funcionaria argumentó carga de trabajo y problemas de salud, mientras que la titular del Instituto le pidió “confiar en ellas”, asegurando que no pasaba nada si no se respondía la apelación, versión que contradice el riesgo legal de que la falta de contestación pueda interpretarse como aceptación de los argumentos del imputado.
“Es ahí donde me doy cuenta de la falta de compromiso, respeto, empatía, profesionalidad y responsabilidad que tienen conmigo al ser víctima de violencia”, expresa Monserrat N. en su queja.
El caso de Monserrat N. no es el único señalamiento contra la actual administración del Instituto. La víctima de tentativa de feminicidio Nancy Portilla, cuyo caso ocurrió en enero de 2025, también ha manifestado públicamente su inconformidad. En su cuenta personal, Nancy escribió: “Fui peticionaria del Instituto Municipal de las Mujeres desde el 2025, víctima de tentativa de feminicidio y violencia familiar. Con la nueva administración me vi en la necesidad de revocarlas de mis procesos penales ya que ahora es ineficiente y precario el profesionalismo, atención y responsabilidad de las personas que están a cargo”.
