DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Xalapa.- La fiscalía general del Estado pagó 12 millones de pesos a 20 policías de investigación que no cumplían con el perfil legal y profesional durante la gestión de la entonces fiscal general, Verónica Giadáns, cuya administración dejó una institución debilitada, simuladora y hoy incapaz de garantizar seguridad y justicia a la población.
La información fue expuesta por el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, con base en la revisión de la Cuenta Pública 2024, donde se documenta el uso indebido de recursos públicos dentro de la fiscalía general del Estado.
Los hallazgos confirman que, bajo la conducción de Giadáns, la Fiscalía simuló capacidades, desvió recursos públicos y degradó la función ministerial, provocando un daño estructural que hoy se refleja en impunidad, inseguridad y colapso de la investigación penal.
Las consecuencias son directas: detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y casos que se caen en tribunales, no por falta de delitos, sino por incapacidad deliberada de la autoridad investigadora.
La crisis de seguridad en Veracruz no puede explicarse sin revisar la corrupción interna de la Fiscalía. Una institución que paga salarios a personal no calificado no está diseñada para combatir al crimen, sino para administrar la impunidad.
Los rezagos persistentes en materia de Estado de Derecho, documentados por el World Justice Project, no son casualidad: son el resultado de decisiones tomadas desde la cúpula, particularmente durante la administración de Giadáns.
La Auditoría Superior de la Federación no puede limitarse a observaciones administrativas. Debe abrir la ruta a sanciones penales y administrativas contra quienes autorizaron contrataciones irregulares, validaron pagos indebidos y permitieron la simulación institucional.
La responsabilidad no se agota en los agentes mal contratados. Alcanza a mandos medios, fiscales regionales y a la entonces fiscal general, quien encabezó una gestión que debilitó al Estado y comprometió la seguridad pública.
Mientras no se finquen responsabilidades por la corrupción heredada de Verónica Giadáns, la Fiscalía seguirá siendo parte central del problema de inseguridad en Veracruz, no una solución.
