Laura A. García
El Buen Tono
Cuitláhuac.- Mientras el calendario académico marca días hábiles para la impartición de clases, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), decidió movilizar a 550 estudiantes de todos los programas educativos para realizar labores de limpieza en el puente de Dos Caminos.
Lo anterior con el argumento de sumarse a la estrategia nacional “Tequio por la Paz y Contra las Adicciones”.
La actividad, además, le hizo el trabajo a la presidenta municipal, Angélica Peña Martínez, quien sólo envío a personal de Protección Civil municipal para cuidar, pero sin asumir el mantenimiento del lugar.
El hecho generó críticas entre padres de familia y académicos, quienes consideraron que los jóvenes deberían estar en las aulas, en lugar de sustituir tareas de saneamiento que corresponden a otras instancias tanto de la institución como del ayuntamiento.
El rector, Juan Manuel Arzola Castro, sólo envío mano de obra, pero sin hacer nada.
Está actividad justificada como educativa para suspender actividades académicas se llevó a cabo sin una planeación clara que garantice la recuperación de los contenidos perdidos.
El nombre de la estrategia nacional “Tequio”, término de origen zapoteco que significa trabajo colectivo en beneficio de la comunidad, no debe confundirse con “tequila”, aunque el parecido fonético dio pie a burlas entre los estudiantes.
Lo que preocupa a los críticos no es el juego de palabras, sino el fondo, que se utilice una política pública de prevención de adicciones para justificar la salida masiva de jóvenes de sus horarios de clase, bajo una lógica que privilegia la imagen institucional sobre el derecho a la educación.
Con esta actividad se ahorra mano de obra la escuela como al ayuntamiento y los alumnos los dejaron sin la opción de negarse a participar y si se ausentaban lo considerarían como falta injustificada y los afectaría.
Y tras la falta de clases tampoco se implementan medidas para cubrir los contenidos académicos que dejaron de impartirse durante esa jornada, en la que participaron 550 integrantes de la comunidad universitaria, incluyendo docentes y personal administrativo del plantel.
Padres de familia dijeron que se trató de un abuso de la Rectoría y de la alcaldesa.
