Sandra González
El Buen Tono
Zongolica.- A más de dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera sentencia, fue hasta después de un pronunciamiento público de las organizaciones acompañantes y la familia de Ernestina Ascencio Rosario, que Fiscalía General de la República, atrajeran el caso de la indígena.
La decisión quedó asentada en el comunicado 108/2026, donde se informó que la instancia federal investigará la tortura sexual que sufrió la víctima y la violencia posterior ejercida contra su familia.
La responsable del área jurídica de Kalli Luz Marina AC, Elizabeth Guevara Mitzi, subrayó que el resolutivo de la Corte fue reabrir la investigación para dar con los responsables en un plazo razonable.
También que el caso fuera asumido por la Fiscalía General de la República, no por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, como lo exigieron durante años las asociaciones acompañantes del asunto.
“Transcurrieron más de dos meses desde la notificación de la sentencia sin que el Estado se haya acercado de manera asertiva con la familia y las organizaciones para trazar una ruta de cumplimiento”, indicó el comunicado que emitieron ayer, cuando se cumplieron 19 años de la agresión.
La activación de la instancia federal, advierten, de ninguna manera puede interpretarse como el cierre del tema.
La sentencia contempla más de 20 puntos resolutivos que van más allá de la investigación penal, entre ellos el reconocimiento público de responsabilidad, medidas de no repetición, capacitación con enfoque intercultural y de género en el Hospital Regional de Río Blanco.
Incluyó, la presencia de intérpretes tanto en la Fiscalía Estatal como en el hospital para garantizar atención adecuada a mujeres indígenas.
También se exige sancionar la agresión física y la revictimización institucional que enfrentó la familia, negación del derecho a la verdad, falta de escucha y afectaciones a su libertad en distintos momentos del proceso.
Las organizaciones recalcaron que, tras la notificación de la sentencia, enviaron oficios al gobierno para solicitar claridad en la ruta de cumplimiento.
Recordaron que la presidenta, Claudia Sheinbaum, expresó públicamente su disposición para acatar la resolución.
Sin embargo, el silencio institucional predominó hasta que la presión mediática obligó a una reacción.
