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EL MINUTERO ¿TIENE PERMISO?

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La entidad y en especial la zona Centro registra una etapa de violencia escalofriante. En las últimas horas varios crímenes han estremecido a la opinión pública y se adicionan a la cotidianeidad de los secuestros, desaparición forzada de jóvenes, robos con violencia y extorsiones tanto en Córdoba como en los municipios conurbados. La seguridad se distendió al grado de que los operativos policiacos resultan inocuos, es decir ineficaces, pese a los nombres pomposos que les asignan.

 

¿Qué sucede? Muchas personas comparan lo que está sucediendo actualmente en Córdoba y sus alrededores con aquella época cuando las bandas caciquiles azotaban a Veracruz, con el imperio de terror que sembró, en la década de los años ochenta, el famoso pistolero Toribio Gargallo Peralta, conocido en el mundo del hampa como “El Toro Gargallo”, cuya banda y poderío crecieron, obviamente, al amparo del poder. Operaba desde Omealca, su lugar de origen pero su espectro de violencia se extendía por más de treinta municipios. Era el mapa de terror como también se trazó en otras regiones del estado.

 

No hay que olvidar que durante el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, de 1982 a 1988, el crimen se enseñoreó de la entidad veracruzana la cual fue prácticamente repartida entre grupos caciquiles, algunos emparentados con el mismo gobernante en turno, como fueron Cirilo Vázquez Lagunes, llamado “El Cacique del Sur” y los hermanos Felipe –conocido con el apodo de “El Indio” y Rubén Lagunes Grajales, primos de Acosta Lagunes.

 

Durante aquella etapa negra, en la cual el gobierno estatal se replegó ante la delincuencia, las ejecuciones de personas a plena luz del día, las balaceras y los ajustes de cuentas eran cosas diarias. En la región centro, a Gargallo Peralta le atribuyeron más de un centenar de muertes y trascendió las fronteras del país la localización de esos pozos donde Gargallo ordenaba arrojar los cadáveres de sus víctimas. La existencia de esos pozos de la muerte se supo después de que Toribio Gargallo fue abatido a tiros en un operativo policiaco en 1991 y con eso se puso punto final a su reinado de horror.

 

Pues bien, hay cordobeses que recuerdan esa etapa y la comparan con la que hoy azota a la región, tal vez con la salvedad de que no es un cacique pistolero el causante de la violencia sino las organizaciones del crimen organizado que asolan a la región, dedicadas al tráfico de enervantes en su mayoría Sin embargo, es sorprendente el paralelismo de ambos etapas tanto en el nivel de violencia como en la ineficacia de las corporaciones policiacas para combatirla. Vaya, hasta parece que el crimen tiene permiso para hacer de las suyas.

 

Las ejecuciones del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tierra Blanca, Manuel Lara Muñoz y del exalcalde panista de Cuitláhuac, Ambrosio Borbonio Anne son los últimos eslabones de una cadena de violencia imparable. No hay que olvidar que también Córdoba lleva una racha de doce muertes en pleno centro de la ciudad y en las narices de las corporaciones policiacas. El último hecho sucedió la semana pasada cuando fue asesinado un hombre sobre la avenida 1 y las calles 13 y 15, en pleno corazón comercial de la urbe.

 

Inmediatamente, las autoridades estatales emitieron un comunicado en el cual se justificaba la muerte con la versión de que “estaba vinculado a un grupo delincuencial y estuvo preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Nayarit por delitos contra la salud”, según el boletín de la Fiscalía estatal. Sin embargo, el que una persona pueda estar ligada a actos delictivos no es motivo para que se justifique su homicidio y aún más, el punto es que lo hayan victimado en pleno centro de la ciudad, a la luz del día, en una zona de alta afluencia de personas, tanto clientes como comerciantes.

 

Tratar de excusar el acto criminal con los antecedentes penales de la víctima es querer cubrir la inoperancia de las autoridades para garantizar la seguridad de todos los cordobeses. 

 

El punto también es que nunca debió suceder tal homicidio porque nadie puede ir y matar a una persona en frente de todos, donde hay peatones que pueden quedar en medio de la balacera. Y claro, lo primordial es que esos crímenes se están cometiendo in que la policía pueda detener a uno solo de los responsables. ¿Qué pasa?, ¿volvió la época de Gargallo? Más bien, volvió el tiempo en que el crimen parece que tiene permiso, se insiste.

 

CANDIL DE LA CALLE

 

En medio de la escalada de violencia, los actores públicos guardan un silencio descarado. A excepción de algunos representantes de la iglesia católica, entre ellos el obispo Eduardo Patiño Leal, que ha retomado el tema en múltiples ocasiones desde el pulpito, los demás enmudecieron. 

 

El diputado local, Hugo Fernández Bernal, los diputados federales, Leticia López Landero y Juan Bueno torio, el alcalde Tomás Ríos así como otros legisladores y ediles de la región, además de los dirigentes de cámaras empresariales, apenas si hacen débiles pronunciamientos de prensa.

 

Todos ellos se quedan en la mera declaración. Algunos casos son patéticos como el de los líderes empresariales quienes se conforman con pedir reuniones con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita para tomarse la foto y
el café con él, y que éste les sobe la espalda tranquilizándolos. 

 

Ese es el rejuego de los desentendidos mientras que la ciudadanía está a merced de las bandas delictivas. Ni por asomo cuestionan y exigen depuración del Mando Único Policial ni la revisión o modificación del operativo “Blindaje Córdoba”. Son representantes populares y empresariales que no sirven ni al pueblo ni a los empresarios.

 

Y vaya, la perla de todos ellos es el analfabeta regidor cordobés y dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Iván Espinosa Hermida quien ayer durante el desfile conmemorativo al 194 aniversario de la defensa de Córdoba, izó una cartulina pidiendo justicia y alto a la impunidad. 

 

Obvio, no lo hizo por la muerte de algún cordobés o de un ciudadano común. No, sino porque mataron a un amigo suyo y militante panista, Ambrosio Borbonio Anne, exedil de Cuitláhuac.

 

Por supuesto que no es malo que el ignorante regidor se conduela por la muerte de Ambrosio Borbonio, lo cuestionable es que ahora si vea que no hay justicia y que impera la impunidad solo porque tocaron a un cercano suyo. El yerno del alcalde cordobés enmudece cuando asesinan, secuestran, extorsionan, asaltan y amenazan al cordobés común, al ciudadano que no es político, que no milita en su partido y que no tiene una posición económica relevante. 

 

Espinosa Hermida como todos esos panistas que se desviven emitiendo pronunciamientos y condolencias por la víctima de Cuitláhuac pero ni se conduelen ni les importa lo que ocurre en su propio municipio. Es “candil de la calle y oscuridad de su casa”. Vergüenza le debería de dar.

 

AL TRIBUNAL DIVINO

 

Hablando de panistas corruptos, ayer murió el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas quien también se desempeñó como Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón. 

 

El individuo fue de este mundo sin tener su castigo por su responsabilidad en la muerte de 49 niños de la Guardaría AVC de Hermosillo, Sonora. 

 

Como se recordará, el 5 de junio del 2009, un incendio o en una bodega continua de la guardería infantil, subrogada por el IMSS, que además de provocar la muerte de 49 niños, otros 130 resultaron heridos, 70 de ellos con quemaduras graves que tuvieron que ser trasladados a hospitales de Estados Unidos.

 

A la fecha, esos 70 pequeños llevan las marcas de las lesiones por quemaduras. Ningún responsable de la conflagración fue castigado. A seis años de ese atroz crimen, la impunidad sigue como respuesta al clamor de los padres de los niños fallecidos. 

 

Una de las empresarias que tenía la concesión la guardería subrogada era Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, quien hoy quiere ser dirigente nacional del PAN, por eso nunca hubo deslinde de responsabilidades.

 

Molinar Horcasitas fue uno funcionarios que maniobró para que la muerte de los 49 niños, algunos de ellos bebés, quedara impune. El panista se extinguió sin que la justicia terrenal lo alcanzara pero ya está, desde ayer, frente al tribunal de Dios y de ahí no escapara. Tendrá que responder por encubrir a los asesinos de esos pequeños. 

 

Ese es uno de tantos que deberá rendir cuentas ante la justicia divina ya que no hay que olvidar al cabo del tiempo se supo que el incendio de la bodega contigua a la guardería infantil fue provocado por ordenes del gobernador priista Eduardo Bours Castelo y se hizo con el fin de destruir documentos que evidenciaban el saqueo de los recursos públicos.

 

Según testimonios recabados en una investigación de la que tuvo conocimiento la PGR desde principios del 2014, la orden de quemar la bodega en la que se guardaba documentación oficial fue Carlos Andrés López Meza, conocido con el apodo de “El Teniente”, jefe de escoltas de Carlos Lam Félix, secretario técnico de Eduardo Bours. Coincidentemente, dos meses después del siniestro, el autor material, López Meza fue ejecutado a balazos y todos coinciden que se le asesinó para que no hablara sobre los autores intelectuales del incendio.

 

Todos ellos gozan impunidad pero solo en el plano terrenal y por el momento.

 

El caso del incendio provocado en la Guardería ABC de Sonora hace recordar al siniestro, también provocado de acuerdo a algunas versiones, en el mercado Miguel Hidalgo del puerto de Veracruz sucedido el 31 de diciembre del 2002 que ocasionó la muerte de 29 personas y un niño, Oscar Daniel Campos Triana, que a la fecha sigue desparecido pues nunca encontraron su cuerpo entre los restos carbonizados, solo el de su madre. Oscar Daniel tenía 10 años de edad cuando quedó atrapado en el incendio del mercado porteño.

 

Hasta la fecha también sigue gozando de impunidad Ramón Gutiérrez de Velasco quien en ese tiempo era alcalde, arropado por Acción Nacional –hoy es diputado local por el PRI- quien fue señalado de beneficiarse con los sobornos –mordidas- que sus inspectores aplicaban a los comerciantes ambulantes para permitirles vender clandestinamente artículos de pirotecnia en dicho mercado. 

 

El día del siniestro, según relatan, los vendedores se negaron a pagar el respectivo soborno a los funcionarios de Gutiérrez de Velasco y estos arrojaron un cohete encendido sobre uno de los puestos como lo hace el crimen organizado cuando queman
los negocios que se niegan a pagar las “cuotas de piso”.

 

El incendio en ese puesto desencadenó una explosión en serie que abarcó otros setenta puestos semifijos y generó un infierno en los alrededores del mercado Miguel Hidalgo. No hubo castigo para Gutiérrez de Velasco que ahí sigue gozando de impunidad y premiado con una curul, y para burla de todos, lo hicieron presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el congreso local.

 

Tampoco para el entonces gobernante Miguel Alemán Velasco que se negó a interrumpir sus vacaciones navideñas en el extranjero para venir a atender la tragedia y que cuando lo cuestionaron los reporteros por su ausencia, indolentemente se justificó diciendo: “No soy bombero”. 

 

Hoy esos tipos se ríen, viven tranquilos porque se salieron con la suya solo por su tiempo terrenal porque también, tarde o temprano, serán llevados a comparecer ante el tribunal divino y no hay que olvidar que los tiempos de Dios son exactos.

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