Adriana Estrada
Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- La defensa de la Laguna del Chirimoyo transitó de una protesta vecinal a una denuncia formal por intimidación institucional. Habitantes acusan al ayuntamiento de emplear un doble discurso al ordenar el ingreso de maquinaria pesada al humedal mientras desplegaba un fuerte operativo policial.
La tensión se detonó cuando maquinaria pesada ingresó a la colonia Jardín 2 para labores de “limpieza” sin aviso previo. La Policía Municipal bloqueó vialidades aledañas con patrullas y camiones, cercando los accesos al cuerpo de agua y amedrentando a vecinos y jóvenes que transitaban por la zona.
Residentes se opusieron al uso de vehículos pesados, argumentando que destruirían el lecho de la laguna y afectarían a las 132 especies locales. Hace semanas hicieron jornadas de saneamiento manual, bajo un compromiso de las autoridades que, denuncian, fue violado.
En el operativo, Any Isabel fue detenida por oponerse al avance de la maquinaria. Tras ser trasladada a la Inspección de Policía y ante la presión de vecinos, fue puesta en libertad horas más tarde.
Este lunes 2, el conflicto se trasladó al Palacio Municipal ya que fue cerrado con cadenas y candados. El edificio quedó resguardado por patrullas, motopatrullas y elementos antimotines, mientras una comisión de ambientalistas intentaba dialogar.
Los ambientalistas calificaron el cerco policial como un acto de amedrentamiento. Señalaron que, mientras se encontraban dentro del recinto, se sintieron retenidos para evitar que recibieran apoyo de sus compañeros en el exterior, pese a que la protesta era pacífica.
En la reunión, funcionarios mantuvieron una postura ambivalente. Mientras la jefa de gabinete, Michelle Fragoso, y el titular de Ecología, Aldo Huerta, negaron tener conocimiento del operativo policial, el ayuntamiento difundió un comunicado oficial afirmando que se seguían “protocolos ecológicos”.
Manifestantes responsabilizaron a ediles: señalaron a Ricardo Rodríguez (Regidor II) por acuerdos incumplidos; a Yamel Arroyo (Regidora III) por deslindarse tras un apoyo inicial; a Santa Sandoval (Regidora I) por impulsar la maquinaria; y a la síndica Tania Giles por avalar el despliegue policial.
Los defensores del humedal recordaron que desde enero han solicitado coordinación formal mediante oficios sin recibir respuesta. Subrayaron que la intervención en un ecosistema de 132 especies requiere un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), documento que no ha sido exhibido públicamente.
