De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La expansión del transporte municipal “Gallo” ha reactivado el enfrentamiento legal entre el ayuntamiento de Orizaba y transportistas locales. Jairo Guarneros, representante del Grupo Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), calificó la medida como una imposición que excede las facultades municipales. Según Jairo, el gobierno intenta actuar por encima de la ley, ignorando que la jerarquía normativa estatal es el marco rector para la operación del servicio de traslado público.
La controversia reside en la interpretación legislativa, ya que el municipio busca respaldarse en la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. El sector señala que dicha ley no ha sido armonizada en el estado. En consecuencia, la norma vigente es la Ley de Tránsito y Transporte del Estado del Veracruz, la cual estipula en su Artículo 14 que la facultad exclusiva para otorgar concesiones y permisos recae en el Estado, a través de su Dirección General.
Bajo la Ley 589, se aclara que incluso servicios gratuitos abiertos al público no son autónomos; requieren obligatoriamente de una concesión estatal, seguro vigente y revista vehicular. Los inconformes subrayan que el servicio “Gallo” no encaja en la figura de transporte “particular”, reservada para empresas que trasladan a su personal bajo permisos anuales específicos, lo que coloca a la iniciativa municipal en una situación de irregularidad administrativa.
Este conflicto tiene antecedentes en 2023, cuando la operación de estas unidades derivó en multas de hasta 100 mil pesos. En ese tiempo, se advirtió sobre repercusiones penales basadas en el Artículo 272 Bis del Código Penal de Veracruz, que sanciona la prestación irregular del servicio. Dichas tensiones caen en protestas masivas y el cerco de plazas comerciales por parte de taxistas, quienes denuncian la competencia desleal protegida por el gobierno municipal.
La dirigencia de GRITO lamenta que la administración tenga una postura de confrontación, como gestiones pasadas, expandiendo las rutas sin el aval de la Dirección de Transporte. La advertencia es: de no frenarse concesionarios escalarán sus protestas hacia el Palacio Municipal.
