Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Aunque la Jefatura de Parquímetros reporta 189 infracciones en lo que va del año, equivalentes a más de 66 mil pesos en multas, el Ayuntamiento ha desplegado una estrategia de opacidad financiera para ocultar el destino de esos recursos. Las multas —124 por falta de pago, 24 por ticket vencido, 24 a motos en cajón blanco y 17 por uso indebido de azul— ascienden a 3 UMA cada una (351.93 pesos), según el reporte oficial del 20 de febrero.
La Tesorería Municipal, encabezada por Antonia Reyes Olmos, respondió el 10 de marzo que no puede entregar el monto recaudado porque la información “está sujeta a ajustes de cierre”, argumentando que el ejercicio fiscal concluye el 31 de diciembre. A mitad de marzo, con dos meses y medio de operaciones documentadas, el área de finanzas se declara incapaz de proporcionar cifras preliminares y sugiere al solicitante “ampliar los datos”, una táctica dilatoria que contradice la máxima publicidad.
Más grave resulta la respuesta de la Jefatura de Recursos Humanos, firmada por Patricia Rodríguez Campos. Mediante oficio JRH/0301/2026, la funcionaria argumenta que no puede entregar la nómina del personal porque el Ayuntamiento “no cuenta con un área con denominación Coordinación de Parquímetros”. La declaración choca con la realidad: Nancy Martínez Henández, quien firmó el reporte de infracciones el 20 de febrero, ostenta el cargo de “Jefa de Parquímetros”.
Esta contradicción evidencia un doble discurso: para levantar multas, el área sí existe; para transparentar salarios y contratos, la administración prefiere declarar su inexistencia. La negativa a entregar estados financieros, la contradicción sobre la existencia del área y la falta de datos sobre la nómina configuran un entramado de opacidad que impide a la ciudadanía saber cómo se administra un servicio público que impacta a automovilistas y comerciantes.
Los parquímetros siguen cobrando, los inspectores continúan multando, pero la verdad financiera permanece secuestrada por la burocracia. El discurso oficial se escuda en plazos fiscales y definiciones semánticas mientras el dinero fluye sin rendición de cuentas.
