De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba. – La ejecución a balazos de Cristian Alberto Campos López, de 32 años, vecino de San José de Gracia, Amatlán, empleado del área de Limpia Pública ocurrida la mañana de este lunes en la colonia Paraíso, no es un hecho aislado de violencia, sino el síntoma más visible de una estructura criminal que, según fuentes internas, ha colonizado los servicios municipales bajo la gestión de René Moshe Burguette Ameca, coordinador de Servicios Municipales, con el visto bueno de Luis Abella Alvarado, primer damo de Manuel Alonso Cerezo.
Bajo el mando de Burguette, la Coordinación de Servicios Municipales se ha convertido en un espacio donde el mercado negro del reciclaje y presuntos nexos con el narcomenudeo operan con total impunidad, según testimonios de empleados. El negocio millonario de la pepena, el transporte de residuos y el cobro de derechos por recolección no se refleja en las arcas El oficio SM/085/2026, firmado por Burguette, admite que la dependencia no cuenta con informes de auditoría ni registros de capacitación, una “ausencia de documentos” que, según denunciantes, sirve para desviar ganancias antes de llegar a Tesorería. La red llega a Tesorería: en el oficio TES/168/2026, Antonia Reyes Olmos evade rendir cuentas sobre ingresos por recolección y multas, argumentando que la información está “sujeta a ajustes de cierre”. Esta actitud opaca impide conocer el destino real de los recursos generados por la basura en 2026. Mientras tanto, la disputa por el control de las rutas de recolección y los privilegios económicos del reciclaje son, según fuentes internas, el trasfondo de los ataques armados que ya han cobrado la vida de dos empleados vinculados a esta administración.
De acuerdo con informes obtenidos, la víctima y el herido se dedicaban al narcomenudeo y huachicol, evidenciando infiltración criminal en el municipio. Manuel Alonso minimizó: “Cualquier persona hace lo mismo”. Su primer damo Luis Abella guardó silencio.
El comisionado Vargas justificó que el occiso “estaba en horario fuera de laboral”, contradiciendo la ley. Además, reconoció que 39 de 141 cámaras no funcionan: más del 27% del sistema inoperante, limitando la capacidad de monitoreo y reacción ante hechos violentos.
