Sandra González
El Buen Tono
ORIZABA.- La impunidad y el alto costo del acceso a la justicia continúan siendo un freno para que las víctimas denuncien delitos en México, advirtió el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, quien señaló que la falta de recursos y la ineficiencia institucional terminan por desalentar a quienes buscan hacer valer sus derechos.
“Sí, lamentablemente uno de los problemas más graves en nuestro país es la impunidad… muchas personas se desalientan de seguir una denuncia porque sus carpetas de investigación se quedan acumuladas”, expuso, al subrayar que incluso para activar procesos legales se requiere el pago de abogados o asesoría jurídica, lo cual resulta inaccesible para amplios sectores de la población.
El vocero enfatizó que esta situación no solo afecta los casos que dependen de denuncia, sino también aquellos que deberían perseguirse de oficio, pero que en la práctica no avanzan. Como ejemplo, mencionó la existencia de miles de cuerpos en servicios forenses sin ser identificados ni entregados a sus familias, reflejo de un sistema rebasado y con bajo nivel de resolución.
Asimismo, advirtió que la revictimización y la falta de atención por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia profundizan la desconfianza ciudadana. “Muchas personas no denuncian porque no se sienten escuchadas ni apoyadas”, agregó.
Estas declaraciones se dan luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, reconociera que el sistema de justicia en México es costoso y, en la práctica, elitista, lo que obliga a las personas a desistir de sus procesos legales ante los gastos que implican.
Y es que, como señaló el propio ministro, cuando una persona busca defenderse “empieza a hacer cuentas: pasaje, comida, copias, abogado”, lo que convierte el acceso a la justicia en un privilegio y no en un derecho efectivo.
Enríquez Báez lamentó que esta realidad alimente una cultura de impunidad e indiferencia, donde las víctimas enfrentan el delito y la falta de respaldo institucional para alcanzar de manera plena la justicia y la paz.
