De la redacción
El Buen Tono
Atzacan.- Las versiones encontradas del alcalde, Israel Raymundo Solano Jiménez, sobre la detención del rejoneador Emiliano Gamero, generaron más dudas que certezas, en un caso que exhibe arbitrariedades y abusos del poder municipal.
Como se recordará, durante una corrida de toros que se celebró el fin de semana, el edil declaró que pidió la intervención de la fuerza pública en la lidia, tras la muerte del tercer animal, con el propósito de detener al torero.
Sin embargo, la justificación oficial cambió en cuestión de horas, primero se habló de una violación a normas de protección animal y después de un incumplimiento de contrato.
Especialistas y actores del ámbito taurino hicieron notar la falta de una versión consistente por parte de la autoridad municipal en turno.
Precisaron que ninguna de las dos razones, por sí sola, justificaría una detención en esas condiciones, menos aún en un contexto donde la tauromaquia se mantiene como una actividad legal en Veracruz.
Juristas consultados coincidieron en que, al carecer de flagrancia de delito, la actuación podría encuadrar en un ejercicio indebido de la autoridad local.
A lo anterior se suma que, hasta el momento, nadie presentó la documentación que respalde el incumplimiento contractual del que habló el funcionario municipal.
El caso se complicó con versiones adicionales que indica la presencia de menores de edad en el evento, lo que sí es una falta a las disposiciones estatales.
De confirmarse, la responsabilidad recaería en los organizadores y en las autoridades municipales que permitieron el ingreso de niños.
Testimonios como el de René Tirado refuerzan la incertidumbre.
Según su relato, la corrida se planteó como un evento formal, sin modificaciones, y cualquier cambio lo anunció de forma improvisada el alcalde Solano Jiménez minutos antes de iniciar, lo que generó confusión entre los participantes.
Mientras tanto, el rejoneador Emiliano Gamero exigió públicamente que se presenten pruebas del contrato incumplido, sin que hasta ahora exista evidencia verificable de lo dicho por el funcionario.
A la par, aficionados cuestionaron la intervención de la autoridad en un espectáculo legalmente permitido.
El episodio abre un frente más delicado, el de los límites del poder municipal y la obligación de las autoridades de actuar con sustento jurídico, sin decisiones cambiantes.
Hasta ahora, la ausencia de pruebas y las contradicciones en el discurso oficial mantienen el caso en terreno de la sospecha, con crecientes exigencias de que instancias competentes investiguen a fondo lo que ocurrió y se apliquen los correctivos que marca la ley.
