De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Señalado por abusos de autoridad, uso excesivo de grúas y una política vial con fines meramente recaudatorios, el coordinador de la Policía Vial de Orizaba, César Ignacio Paz Casillas, enfrenta ya exigencias públicas para ser destituido del cargo.
Integrantes de la organización OMETT y su asesor jurídico, Alejandro Vázquez, denunciaron que en los últimos meses se han incrementado los operativos y arrastres vehiculares en circunstancias que consideran irregulares, afectando a ciudadanos que aseguran no haber cometido faltas.
Uno de los casos que detonó el reclamo ocurrió recientemente, cuando un vehículo fue enviado al corralón pese a que, según los denunciantes, no se encontraba estacionado en un lugar prohibido. “Lo levantó la grúa al vehículo sin haber estado en un lugar prohibido de no estacionarse. Entonces, con todos estos hechos que estamos hablando de abuso de autoridad, creemos que es un tema recaudatorio”, acusó Alejandro Vázquez.
El abogado sostuvo que el problema ya no se limita únicamente a multas o infracciones, sino al uso arbitrario de la autoridad para generar ingresos mediante arrastres y sanciones. “Lo más grave es que se vuelve un tema de abuso de autoridad”, remarcó.
Los inconformes advirtieron que ya no buscan reuniones ni promesas, sino acciones concretas, entre ellas la salida inmediata de César Ignacio Paz Casillas de la coordinación vial. “No somos de los que dialogamos mucho. Queremos acciones concretas porque estamos exigiendo conforme a la ley, no cosas fuera de ella”, expresó el asesor jurídico.
Los denunciantes cuestionaron además que el funcionario permanezca desde hace dos administraciones al frente de la corporación, situación que calificaron como peligrosa para la transparencia y el ejercicio del poder público.
“Los puestos de funcionarios públicos no deben ser vitalicios, porque cuando un puesto se vuelve vitalicio se genera corrupción”, señaló Vázquez, aunque aclaró que no cuenta con pruebas directas sobre actos ilícitos.
La organización advirtió que de no existir respuesta o cambios inmediatos podrían iniciar movilizaciones y protestas en próximas semanas para exigir el cumplimiento de la ley y frenar lo que consideran una política de hostigamiento y recaudación disfrazada de operativos viales.
