Agencias
Ciudad de México, 15 de mayo de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a ninguna persona acusada de cometer delitos, incluso si pertenece a Morena, al referirse a las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios presuntamente vinculados al crimen organizado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que para proceder legalmente contra cualquier funcionario es necesario contar con pruebas suficientes que permitan actuar a la Fiscalía General de la República. “Nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito”, declaró.
Sheinbaum destacó que durante su administración han sido detenidos alrededor de 50 presidentes municipales emanados de Morena, luego de que existieran documentos y evidencias que acreditaran posibles delitos. Como ejemplo mencionó el caso del exalcalde de Tequila, Diego Rivera, detenido el pasado 5 de febrero por presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.
La presidenta insistió en que el gobierno federal actúa bajo el principio del Estado de derecho y que no basta con señalamientos públicos o solicitudes de otro país para ejecutar una detención o extradición. “Si hay evidencia suficiente para la Fiscalía, se tiene que proceder. Si no hay evidencia, no se procede aunque lo pida Estados Unidos”, sostuvo.
Asimismo, recordó que México también ha solicitado extradiciones a autoridades estadounidenses y, en algunos casos, Washington ha respondido que no existen pruebas suficientes para entregar a los acusados, por lo que reiteró la necesidad de mantener el debido proceso en ambos países.
Las declaraciones ocurren luego de que autoridades estadounidenses abrieran investigaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, los implicados podrían enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, delitos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua en Estados Unidos.
