

Agencias
Ciudad de México, 15 de mayo de 2026.– El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó este viernes que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, ingresó voluntariamente a Estados Unidos el pasado lunes 11 de mayo, donde quedó bajo custodia de autoridades federales estadounidenses.
De acuerdo con la información oficial, Mérida Sánchez cruzó desde Hermosillo, Sonora, por la Garita de Nogales hacia Arizona, sitio donde fue recibido por el Servicio de Marshals, corporación dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos encargada de la custodia de personas requeridas por tribunales federales.
El exfuncionario es investigado por autoridades estadounidenses tras ser incluido, junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, en una acusación formal presentada el pasado 29 de abril ante un tribunal federal en Manhattan. En dicha investigación se les señala por presuntamente colaborar con líderes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de protección política y sobornos.
El Gobierno de México informó que mantiene comunicación institucional con autoridades de Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad, en el marco de los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países.
La confirmación ocurre horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuviera una llamada telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que ambos abordaron temas relacionados con seguridad y comercio bilateral, en medio de las tensiones derivadas de las investigaciones abiertas contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico.
Además, el caso se da en un contexto delicado para la relación bilateral, luego de la polémica generada por la participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua, situación por la que el gobierno mexicano solicitó explicaciones a Washington tras señalar que no existía autorización oficial para dichas acciones.
