De la redacción
El Buen Tono

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró este domingo que el país colaborará con Estados Unidos en las investigaciones que puedan abrirse tras la deportación del empresario colombiano Alex Saab, señalado como operador financiero de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos sabe que vamos a colaborar en todas las investigaciones necesarias en Ecuador sobre quienes pudieron haber participado en esos hechos durante esas fechas”, declaró Reimberg ante medios de comunicación.

El funcionario ecuatoriano afirmó que espera que la información que entregue Saab permita avanzar en nuevas investigaciones y paquetes de inteligencia relacionados con operaciones financieras y políticas ligadas al gobierno venezolano.

Reimberg también lanzó señalamientos directos contra el entorno de Maduro y aseguró que Saab no habría trabajado únicamente para el mandatario venezolano, sino posiblemente para otros actores políticos de la región.

Además, sostuvo que el gobierno de Rafael Correa trabajó “cogidito de la mano” con el de Nicolás Maduro, en referencia a los vínculos políticos y comerciales que existieron entre ambos gobiernos.

Tras la llegada de Saab a Estados Unidos, el ministro afirmó que “muchos deben estar ahora nerviosos” y pendientes de “dónde esconderse”, advirtiendo que “nada de esto va a quedar en impunidad”.

Alex Saab aterrizó el sábado en Miami luego de haber sido deportado desde Venezuela. Durante años ha sido señalado por autoridades estadounidenses por presuntamente enriquecerse mediante contratos gubernamentales y operar como prestanombres del gobierno de Maduro.

El caso también tuvo repercusiones en Ecuador a través de la empresa Foglocons, fundada en Guayaquil, la cual obtuvo en 2011 contratos relacionados con viviendas para Venezuela. De acuerdo con investigaciones legislativas ecuatorianas, varias operaciones comerciales habrían resultado falsas y se realizaron mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), mecanismo impulsado por la ALBA.

Las investigaciones en Ecuador fueron anuladas en 2016; sin embargo, en 2021 la entonces fiscal general Diana Salazar denunció presunta impunidad y acusó a jueces de favorecer a los involucrados en el caso.