Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Las áreas municipales de Manuel Alonso agotan los plazos legales, solicitan ampliaciones temporales argumentando una supuesta complejidad técnica en la búsqueda de archivos y finalmente remiten respuestas evasivas o enlaces web vacíos donde la información pedida no existe.
El Comité de Transparencia del Ayuntamiento funciona como una aduana jurídica para convalidar las negativas de las dependencias operativas, resolviendo por unanimidad la restricción de documentos esenciales.
Mediante acuerdos de clasificación en las modalidades de “CONFIDENCIAL” y “RESERVADA”, la autoridad municipal ocultó de forma directa expedientes de seguridad pública vinculados a la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, específicamente el oficio DSPC/0261/2026 y expedientes asociados a recursos de revisión como el AYUNT2601408, impidiendo la fiscalización del desempeño policial y la asignación de sus recursos.
En ese mismo sentido, la Coordinación Administrativa y la Tesorería Municipal clasificaron como confidenciales los datos electrónicos de facturas y órdenes de compra de los folios PNT 950546126000279 y 950546126000049, utilizando el argumento del secreto fiscal para ocultar los montos pagados y la identidad de los proveedores contratados.
Esta política de ocultamiento también afectó a la Coordinación de Catastro Municipal, la cual declaró improcedente la entrega de los planos urbanos y la cartografía catastral de la ciudad en formatos vectoriales o editables bajo el folio 950546126000307, lo que bloquea investigaciones independientes sobre el desarrollo de infraestructura y servicios públicos locales.
Asimismo, el comité aprobó versiones públicas para limitar el acceso a las actas circunstanciadas del proceso de entrega-recepción de la administración saliente 2022-2025 y a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos en funciones, restringiendo la auditoría ciudadana sobre los antecedentes financieros y patrimoniales de la gestión local.
A este esquema de postergación se añade una anomalía técnica en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a nivel local. Una vez concluido el periodo de la prórroga sin que el ayuntamiento entregue los datos, el sistema no habilita de forma automática el botón digital para interponer el Recurso de Revisión.
Este desfase informático bloquea temporalmente el derecho ciudadano a la queja y otorga al ayuntamiento días adicionales de ventaja al margen de la ley.
