AGENCIA
Ciudad de México.- La emisión de citatorios por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la mandataria de Chihuahua, “Maru” Campos, desató una “ola” de críticas y señalamientos sobre una presunta presión del gobierno de Estados Unidos hacia México en temas relacionados con el combate al narcotráfico y la seguridad.
Diversas voces cuestionaron que, apenas 48 horas después de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, la FGR anunciara acciones legales contra funcionarios señalados por presuntos vínculos o irregularidades relacionadas con grupos criminales.
Los señalamientos apuntan a que el encuentro diplomático habría derivado en presiones políticas para acelerar investigaciones que durante semanas permanecieron sin avances visibles. Críticos del gobierno federal acusaron que la actuación de la FGR refleja una supuesta subordinación ante intereses estadounidenses, particularmente en medio de la presión por el tráfico de fentanilo y la relación bilateral en materia de seguridad.
En el caso de Rocha Moya, las versiones difundidas sostienen que el citatorio podría representar el inicio de un proceso judicial más amplio, mientras que la inclusión de Maru Campos en las investigaciones fue interpretada por sectores opositores como un intento de mostrar imparcialidad en la aplicación de la ley.
Analistas políticos también señalaron que el tema ocurre en un contexto de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, donde la cooperación contra el crimen organizado se ha convertido en uno de los principales puntos de presión del gobierno estadounidense.
Hasta el momento, la FGR no ha dado detalles públicos sobre los expedientes ni los alcances jurídicos de los citatorios emitidos. Tampoco se han confirmado acusaciones formales contra los mandatarios estatales mencionados.
Por su parte, el gobierno federal no ha respondido a las críticas relacionadas con una supuesta injerencia extranjera en las decisiones de justicia y seguridad del país.
