De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La línea entre el servicio público y la comodidad personal vuelve a desdibujarse en el municipio de Orizaba. Este fin de semana, vecinos de la localidad de Cuautlapan, perteneciente a Ixtaczoquitlán, documentaron con fotografías y video una unidad oficial rotulada con el escudo del ayuntamiento de Orizaba transitando tranquilamente por sus calles, en pleno domingo y a varios kilómetros de su jurisdicción.
La imagen captada muestra a un carro oficial estacionado afuera de un establecimiento, como si se tratara de un auto particular en una rutina más de supermercado.
Las imágenes, que circulan ya en redes sociales, reavivan un debate que la administración del alcalde Hugo Chahín ha preferido esquivar: el uso discrecional y ya casi descarado, de los bienes municipales. Porque si bien no es la primera vez que una patrulla o un vehículo de área operativa aparece donde no debe, esta escena resulta particularmente cínica por su contexto: un día de descanso oficial, fuera del territorio que paga ese patrimonio rodante y con una aparente función logística de mandado personal.
Lo que las imágenes no muestran, pero la lógica fiscal dicta, es la factura oculta detrás de ese “paseíto”. La gasolina no se carga sola y no discrimina entre una comisión oficial y una vuelta a la tienda. Cada kilómetro recorrido suma al desgaste de llantas, motor y suspensiones, todo cubierto con el erario. Y lo que es peor: cada minuto en que un vehículo oficial se utiliza para fines privados, el ayuntamiento asume la responsabilidad patrimonial ante cualquier incidente vial.
Mientras tanto, el alcalde Hugo Chahín es complicidad o el clásico discurso de que “todo está bajo control” y “se investigará”, frases que se las lleva el viento cuando concluye el escándalo mediático.
Porque si realmente existiera control, ningún empleado municipal se sentiría con la libertad de tomar una unidad oficial, enfilar hacia otro municipio y pasearla como si fuera el auto familiar. La realidad es que, ante la falta de supervisión, las camionetas oficiales ya parecen el “Uber de confianza” para las compras del fin de semana.
Más allá de la indignación vecinal, lo que queda flotando en el ambiente es la pregunta de rigor: ¿quién pagará los costos reales de ese capricho dominical? ¿Lo hará el trabajador que gozó del privilegio? ¿Se descontará de su salario? O, como siempre, la cuenta llegará al pueblo de Orizaba.
