AGENCIA
Internacional.- La presión de autoridades de Estados Unidos contra políticos y funcionarios vinculados a Morena continuaría escalando, luego de que presuntamente se notificara al gobierno mexicano sobre nuevas investigaciones relacionadas con posibles nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con información difundida por el periodista Jorge Fernández Menéndez, el tema habría sido abordado tras una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Departamento de Seguridad estadounidense, Markwayne Mullin.
Según el reporte, autoridades norteamericanas habrían solicitado la entrega inmediata de perfiles señalados en investigaciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales, incluyendo a cuatro gobernadores emanados de Morena.
La información señala que varios expedientes habrían cambiado de estatus en cortes estadounidenses, pasando de solicitudes de detención a procesos judiciales formales, debido a declaraciones y colaboración de testigos protegidos.
Entre los mandatarios mencionados en las presuntas indagatorias se encuentra Américo Villarreal, quien, según el reporte, aparecería junto a al menos 20 funcionarios y colaboradores de su administración.
También figura Alfonso Durazo, cuyo nombre estaría relacionado con expedientes donde aparecen otros nueve políticos y servidores públicos de Sonora.
Asimismo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presuntamente formaría parte de investigaciones que incluirían a 11 integrantes de su equipo de trabajo.
En el caso de Marina del Pilar Ávila, las investigaciones extranjeras estarían enfocadas en revisiones administrativas que también alcanzarían a otros 12 perfiles vinculados a su entorno político.
De confirmarse dichas investigaciones, los gobernadores mencionados se sumarían al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado a finales de abril junto a otros funcionarios por presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha hecho públicos documentos oficiales relacionados con estos señalamientos, mientras que el gobierno federal mexicano tampoco ha emitido un posicionamiento formal sobre la versión difundida por el periodista.
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