🖊️Los encargados de vigilar y castigar el cumplimiento de la ley, hasta con ellos hacen trampas los amigos/cómplices y prestanombres de los hijos del PG. Ese Almícar debería estar en la cárcel, por vender balastro que incumple las características permitidas y haber un audio donde lo está aceptando, el tren se descarriló y mató a 13 oaxaqueños y ni así. Al final, el maquinista iba a exceso de velocidad y nada más él fue el culpable del descarrilamiento ✊🏼
AGENCIA
Tabasco.- Mientras el discurso oficial de la llamada Cuarta Transformación prometió erradicar los privilegios, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder, la permanencia de millonarios contratos públicos en favor de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado por su cercanía con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, vuelve a encender cuestionamientos sobre la congruencia entre la narrativa gubernamental y los hechos.
Desde 2018, el Poder Judicial de la Federación mantiene el arrendamiento de un inmueble propiedad de Olán Aparicio en Villahermosa, Tabasco, donde operan tribunales federales. El contrato original contempló pagos mensuales superiores a los 700 mil pesos, incluyendo cuotas de mantenimiento, lo que representó más de 40 millones de pesos durante los primeros cinco años de vigencia.
Sin embargo, lejos de concluir en 2023, el acuerdo fue prorrogado mediante nuevos convenios y contratos que mantienen vigente el flujo de recursos públicos hacia el empresario tabasqueño. Aunque las autoridades han reconocido la continuidad del arrendamiento, no han transparentado si los montos pagados fueron modificados o cuánto dinero adicional ha recibido el propietario desde entonces.
La situación adquiere especial relevancia debido a los múltiples señalamientos que rodean a Olán Aparicio. Diversas investigaciones periodísticas lo han ubicado como una figura cercana a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y como presunto beneficiario de contratos y proyectos ligados a obras emblemáticas del actual grupo político en el poder.
A ello se suman las inconsistencias detectadas en los montos reportados sobre el arrendamiento. Mientras una revisión de los contratos permite calcular pagos superiores a los 40 millones de pesos durante el primer periodo, registros de transparencia muestran cifras considerablemente mayores, generando dudas sobre el verdadero costo que ha representado para el erario.
Tampoco pasa desapercibido que algunos de los funcionarios involucrados en la autorización y modificación de estos contratos fueron posteriormente señalados por presuntas irregularidades administrativas y escándalos relacionados con contrataciones públicas. Aunque ninguno de esos señalamientos derivó en sanciones definitivas, el contexto fortalece las sospechas sobre la falta de controles efectivos en el manejo de recursos públicos.
El caso resulta especialmente incómodo para un movimiento político que llegó al poder bajo la promesa de combatir las viejas prácticas de favoritismo y amiguismo. La permanencia de contratos multimillonarios en beneficio de personajes vinculados al entorno familiar y político de la élite gobernante alimenta la percepción de que los privilegios no desaparecieron, sino que simplemente cambiaron de destinatarios.
Más allá de la legalidad de los contratos, el fondo del asunto radica en la confianza pública. Cuando empresarios cercanos al círculo del poder acumulan beneficios provenientes de distintas dependencias y proyectos gubernamentales, las explicaciones oficiales dejan de ser suficientes y surge una pregunta inevitable: ¿Se trata de coincidencias administrativas o de una red de influencias que continúa operando bajo un nuevo discurso?
La evaluación anunciada por las autoridades judiciales para buscar inmuebles con mejores condiciones de arrendamiento llega tarde. Durante años, millones de pesos del erario han fluido hacia un empresario cuya cercanía con figuras clave de la 4T ha sido objeto de constantes cuestionamientos. Y mientras el gobierno insiste en que combate la corrupción del pasado, casos como éste mantienen viva la percepción de que los negocios al amparo del poder siguen encontrando espacio dentro de las instituciones públicas.
