AGENCIAS
Ciudad de México.- La empresa Portacelis Gas and Oil, constituida en agosto de 2024 en Tabasco por el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, fue relacionada con presuntas operaciones de huachicol fiscal, de acuerdo con investigaciones periodísticas difundidas por medios nacionales.
Según los reportes, la compañía habría realizado en febrero de 2025 la importación de una primera pipa de combustible a través de Matamoros, Tamaulipas, operación que forma parte de indagatorias sobre posibles irregularidades en la importación y comercialización de hidrocarburos en el país.
El caso ha cobrado relevancia debido a que Olán Aparicio es identificado públicamente como amigo cercano de Andrés López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Diversas publicaciones también lo señalan como una persona con vínculos cercanos al círculo familiar del exmandatario.
Además, el nombre del empresario ha aparecido en otras investigaciones relacionadas con presunto tráfico de influencias y contratos gubernamentales. De acuerdo con información difundida por El Universal, el Poder Judicial de la Federación ha destinado más de 40 millones de pesos al arrendamiento de un inmueble de su propiedad ubicado en Tabasco.
Los reportes indican que desde 2018 se mantiene un contrato de renta por aproximadamente 650 mil pesos mensuales para el uso del edificio por parte de instancias judiciales federales.
El denominado huachicol fiscal consiste en la importación de combustibles bajo clasificaciones distintas a las reales para evitar el pago de impuestos, una práctica que genera pérdidas millonarias para las finanzas públicas y que ha sido objeto de diversos operativos por parte del Gobierno federal.
Jorge Amílcar Olán Aparicio también ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por presuntamente beneficiarse de contratos relacionados con proyectos estratégicos del sexenio anterior, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la Refinería Olmeca de Dos Bocas.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre alguna resolución judicial definitiva relacionada con estos señalamientos ni han dado a conocer posibles responsabilidades legales contra los involucrados. Las investigaciones continúan en curso.
