De la Redacción
El Buen Tono
Fortín.- La transparencia no debería tener colores partidistas. Si exhibir el salario de un alcalde es un ejercicio periodístico válido, el criterio tendría que aplicarse por igual a todos los municipios y no únicamente a quienes resultan incómodos para el poder.
En días recientes se difundió que el alcalde de Fortín, Alfonso Efraín Marín Delfín, percibe un salario mensual de 115 mil 083.08 pesos, cifra que fue utilizada para generar indignación pública al compararla con la percepción de la gobernadora del estado. Sin embargo, la información deja ver un dato que prácticamente pasó desapercibido: el alcalde de Santiago Tuxtla, Noé Domínguez Cadena, recibe 120 mil 018.30 pesos, es decir, un ingreso aún mayor.
La diferencia no está en el monto, sino en el tratamiento. Uno fue convertido en noticia principal; el otro quedó relegado a unas cuantas líneas. Ahí es donde surgen las dudas sobre si realmente se buscaba informar o simplemente dirigir el reflector hacia un solo ayuntamiento.
También se omitió explicar un aspecto fundamental. Los salarios de alcaldes, síndicos y regidores no son fijados por quien llega a ocupar el cargo. Los artículos 35, 106 y 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establecen que las remuneraciones forman parte del Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo y dentro del procedimiento legal correspondiente desde el ejercicio anterior. En otras palabras, el alcalde en funciones no puede llegar y decidir cuánto va a ganar.
Otro de los elementos utilizados para alimentar la polémica fue la difusión de la nómina municipal. Se mencionó que el ayuntamiento de Fortín cuenta con 315 trabajadores y una erogación mensual cercana a 4.8 millones de pesos, además de exhibir los salarios de funcionarios como el tesorero, que percibe 56 mil 760.96 pesos, y el contralor, con 48 mil 831.56 pesos.
Pero una nómina, por sí sola, no acredita un acto de corrupción. Para señalar una irregularidad tendría que demostrarse que existen aviadores, pagos ilegales, duplicidad de funciones o desvío de recursos. Publicar únicamente los montos, sin acreditar alguna ilegalidad, sólo genera una percepción de escándalo.
En Veracruz cada vez resulta más evidente que las filtraciones de documentos públicos se utilizan como instrumentos de presión política. La transparencia deja de cumplir su función cuando la información se selecciona de manera conveniente y el escrutinio depende del partido al que pertenezca el gobernante.
La sociedad tiene derecho a conocer cuánto gana un servidor público, pero también merece recibir el contexto completo. De lo contrario, la transparencia termina convertida en una herramienta de desgaste político y no en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.
