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De la Redacción

El Buen Tono

Córdoba.-  El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de Córdoba vive su peor momento de credibilidad. Lo que debiera ser un espacio de protección y acompañamiento para las mujeres se ha convertido en un escenario de desgaste político, denuncias cruzadas y señalamientos que evidencian un problema de fondo: la captura de una institución sensible para fines que nada tienen que ver con su misión.

Desde el interior de la administración se denunció que la dirección del IMM, encabezada por Mónica Ponce Zamudio, utiliza el instituto para asuntos personales. La acusación es grave: un organismo público, financiado con recursos de todas y todos los cordobeses, operando como extensión de intereses particulares de su titular. El propio comunicado oficial del IMM, al desmentir versiones sobre la “separación” de la asesora jurídica, admite que circulan “versiones” y habla de “diferencias de carácter político o administrativo” que buscan “generar confrontación”. Lo que no dice es por qué esas versiones existen ni qué las alimenta.

De acuerdo con documentación pública disponible en los portales de Transparencia del ayuntamiento,  Ponce Zamudio egresó en 1988 de la Universidad Cristóbal Colón con carta de pasante en Historia del Arte, sin título ni cédula profesional en áreas afines a las funciones que desempeña. La legislación estatal y el Reglamento de la Administración Pública Municipal establecen perfiles idóneos (jurídico, psicológico o de atención a las mujeres) para ocupar la dirección del instituto. Ese requisito no se cumple.

Se suman al menos tres denuncias por presunta violencia laboral y psicológica en contra de trabajadoras del organismo, presentadas ante la Contraloría Municipal y el Cabildo. Las denunciantes también han señalado que la directora incorporó al instituto a cuatro trabajadoras que igualmente carecen de título y cédula profesional, pese a que desempeñan funciones sensibles como el acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres víctimas de violencia.

El ayuntamiento ha convertido el Instituto Municipal de las Mujeres en un campo de batalla política. Las mujeres de Córdoba, que deberían ser el centro de la atención, quedan atrapadas en medio de una pelea que nada tiene que ver con sus derechos. La institución encargada de protegerlas opera con personal no acreditado, bajo el mando de una directora cuestionada.

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