De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La acumulación de denuncias por maltrato animal, negligencia y muerte de ejemplares bajo resguardo de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Citlaltépetl ya colocó al Ayuntamiento de Orizaba bajo la lupa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que mantiene abiertos 5 procedimientos administrativos que podrían derivar en la clausura de la UMA, fuertes sanciones económicas e incluso la revocación de su autorización para operar.
Información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia reveló que los expedientes fueron integrándose a partir de mayo de 2025 y continuaron durante 2026, conforme se presentaron nuevas denuncias ciudadanas relacionadas con las condiciones en que permanecen diversos animales del río Orizaba.
Entre los procedimientos destacó uno iniciado recientemente por el área jurídica de la PROFEPA, identificado con el expediente PFPA/36.3/3.5.6/XXXX-26, derivado de diversas denuncias promovidas por protectores de animales que exigen sanciones por las irregularidades en la UMA.
Se suma una posible sanción por incumplimiento a la Ley General de Vida Silvestre. De acuerdo con la normatividad federal, toda Unidad de Manejo Ambiental debe contar obligatoriamente con un responsable técnico que sea médico veterinario zootecnista, titulado, con especialidad en fauna silvestre y experiencia comprobable. Sin embargo, como El Buen Tono ha documentado, en los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) continúa apareciendo como responsable un ex trabajador, situación que evidenciaría que el ayuntamiento no ha regularizado ese requisito indispensable.
La omisión coloca en una posición comprometida a la representante legal del ayuntamiento, la síndica Tania Giles, al tratarse de una obligación establecida en la legislación federal.
