De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Orizaba enfrenta nuevos señalamientos por prácticas de favoritismo y nepotismo al interior de la institución, luego de que trascendiera que personas con vínculos familiares ocupan diversos cargos dentro del organismo asistencial.
La principal observación gira en torno a la estructura administrativa que rodea a la directora. María Cristela Rosales Hernández se desempeña en el área de Compras, mientras que sus hijas, Mara Centeno Rosales ocupa un cargo como contadora y Fany Centeno Rosales labora como terapeuta dentro del organismo; lo que es permitido por la directora del DIF, María Flores Díaz.
Aunque la contratación de familiares no constituye por sí sola una irregularidad, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 63 Bis que un servidor público incurre en responsabilidad cuando utiliza su cargo o influencia para intervenir, de manera directa o indirecta, en la contratación de personas con quienes tenga vínculos de parentesco o relaciones previstas por la ley.
En ese sentido, el punto central no radica únicamente en que familiares trabajen en la misma dependencia, sino en determinar si existió gestión, recomendación o influencia para concretar esos nombramientos, situación que correspondería investigar a las autoridades competentes.
A estos señalamientos se suman denuncias de trabajadores, quienes aseguraron que en la oficina de la Dirección se utilizan las cámaras de videovigilancia para vigilar al personal y detectar cualquier situación que pueda servir como argumento para despedir empleados y sustituirlos por personas cercanas al grupo de confianza de la directora.
De confirmarse estas versiones, el DIF de Orizaba no solamente enfrentaría cuestionamientos por conflictos de interés, sino también por prácticas laborales que afectarían el ambiente institucional de un organismo cuya misión es atender a los sectores más vulnerables de la población.
Las denuncias plantean la necesidad de que los órganos internos de control y las autoridades fiscalizadoras revisen los procesos de contratación y la integración de la plantilla laboral del DIF municipal, a fin de garantizar que el acceso al servicio público responda a criterios de mérito, transparencia y legalidad, y no a relaciones personales o familiares.
