AGENCIAS
Mexicali, BC.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó haber compartido información confidencial con autoridades de Estados Unidos y aseguró que los audios difundidos recientemente fueron manipulados y forman parte de una estrategia política para desprestigiarla.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria afirmó que “jamás ha traicionado ni traicionaría a la patria”, y negó haber entregado datos relacionados con las Mesas de Seguridad o cualquier información que comprometa la seguridad nacional o la soberanía de México.
Ávila Olmeda explicó que la conversación filtrada ocurrió durante una reunión celebrada el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana, encuentro que, según dijo, fue organizado por el exgobernador Jaime Bonilla, quien le ofreció reunirse con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses para abordar el tema de la cancelación de su visa.
Sin embargo, aseguró que posteriormente descubrió que las personas presentes no representaban a ninguna autoridad oficial y sostuvo que todo se trató de una “trampa” para grabarla y utilizar el material con fines políticos.
“Nunca presentaron un documento, nunca se concretó ninguna reunión oficial y sólo buscaron grabar una conversación privada para afectar mi imagen”, declaró.
La gobernadora insistió en que los audios fueron editados y sacados de contexto, por lo que reiteró que nunca proporcionó información reservada de las Mesas de Seguridad a autoridades extranjeras. Añadió que la coordinación entre Baja California y agencias estadounidenses en temas fronterizos se realiza únicamente por los canales institucionales y sin compartir información confidencial.
Asimismo, negó tener cuentas bancarias en el extranjero y aseguró que únicamente posee cuentas en instituciones financieras mexicanas.
Marina del Pilar responsabilizó directamente a Jaime Bonilla por la difusión de los audios y lo acusó de intentar perjudicarla políticamente en el inicio del proceso electoral. También recordó que el exmandatario enfrenta un proceso penal relacionado con el proyecto Next Energy, por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones.
Finalmente, sostuvo que continuará al frente del gobierno estatal y aseguró que no permitirá que lo que calificó como una campaña de desprestigio desvíe su administración del combate a la delincuencia y de sus responsabilidades al frente de Baja California.
