De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El presidente del Centro de Investigación, Discusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles, Manuel Molina Gómez, cuestionó los cobros que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) a personas extranjeras en situación migratoria irregular que buscan regularizar su estancia en el país, al considerar que los montos representan una carga económica excesiva.
Explicó que permanecer en México sin documentación migratoria constituye una falta administrativa, no un delito, por lo que, a su juicio, las sanciones económicas deben aplicarse con criterios de proporcionalidad y sin afectar el derecho de las personas a regularizar su situación.
Como ejemplo, mencionó el caso de una persona extranjera con una hija mexicana, quien tiene derecho a solicitar la residencia permanente con base en el principio de unidad familiar, previsto en la legislación migratoria.
“El propio portal del Instituto Nacional de Migración establece que existe el derecho de solicitar la residencia permanente para mantener unidas a las familias”, señaló.
Molina Gómez consideró que, si bien la autoridad puede imponer una multa por una infracción administrativa, los montos, que pueden oscilar entre 13 mil y 26 mil pesos, dificultan el acceso al trámite para muchas personas migrantes.
Planteó que estas sanciones podrían manejarse como un crédito fiscal que permita pagos diferidos, en lugar de exigir el monto en una sola exhibición, con el fin de facilitar la regularización migratoria.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para revisar este esquema y a la sociedad para mostrar solidaridad con las personas migrantes que buscan regularizar su estancia y reunificar a sus familias.
