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¿Gobiernan para el pueblo o para los partidos? Una reflexión sobre el verdadero papel de los ayuntamientos

Cada tres y/ o cuatro años, millones de ciudadanos acudimos a las urnas convencidos de que nuestro voto servirá para elegir a quienes administrarán el municipio con honestidad, transparencia y compromiso. Sin embargo, una vez concluido el proceso electoral, surge una pregunta que cada vez se escucha con mayor frecuencia en plazas públicas, redes sociales y reuniones ciudadanas:

¿A quién representan realmente los regidores y síndicos: a la ciudadanía o a los intereses del partido político que los postuló?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39, 40, 41 y 115, establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público dimana de éste y se instituye para su beneficio; y que el Ayuntamiento constituye el órgano de gobierno del municipio, integrado por un presidente municipal, un síndico y los regidores que determine la ley.

Los regidores de mayoría relativa llegan formando parte de la planilla que obtuvo el triunfo electoral. Los de representación proporcional, comúnmente llamados “plurinominales”, tienen una finalidad constitucional muy clara: garantizar la pluralidad política dentro del Cabildo y asegurar que las fuerzas minoritarias también participen en las decisiones del gobierno municipal.

Ese fue el espíritu del legislador.

Sin embargo, la percepción ciudadana en muchos municipios es distinta.

Con frecuencia se observa que algunos integrantes del Cabildo parecen actuar con mayor lealtad hacia los intereses de su partido político, de un grupo interno o de quien impulsó su candidatura, que hacia los ciudadanos que finalmente pagan sus salarios mediante los impuestos.

El Cabildo fue creado para deliberar, construir acuerdos y resolver los problemas del municipio.

No fue concebido para convertirse en un escenario permanente de confrontación política.

La crítica fortalece a la democracia.

La fiscalización también.

Lo que no fortalece al municipio es la oposición sistemática por razones partidistas ni el respaldo incondicional motivado únicamente por disciplina política.

El artículo 115 constitucional no creó ayuntamientos para obstaculizar gobiernos municipales.

Los creó para gobernar.

Los regidores no fueron electos para convertirse en promotores permanentes de futuras candidaturas ni para responder exclusivamente a las instrucciones de sus dirigencias partidistas.

Su responsabilidad consiste en analizar los asuntos públicos, participar activamente en las sesiones de Cabildo, integrar comisiones, vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto, proponer iniciativas y contribuir al desarrollo del municipio.

Los síndicos, por su parte, tienen la responsabilidad de representar jurídicamente al Ayuntamiento y proteger el patrimonio municipal, actuando con estricto apego a la legalidad y no bajo intereses particulares o de grupo.

Otro tema que merece una reflexión profunda es el relacionado con el desempeño cotidiano de algunos integrantes de los ayuntamientos.

Es cada vez más frecuente que la ciudadanía observe a regidores participando activamente en reuniones de partidos políticos, desempeñando cargos dentro de sus estructuras partidistas, asistiendo a eventos de promoción política o recorriendo comunidades en actividades que parecen orientadas a fortalecer una futura candidatura.

La participación política constituye un derecho constitucional de toda persona.

Sin embargo, cuando alguien acepta un cargo de elección popular, también asume un deber superior: dedicar su tiempo, capacidad y esfuerzo al cumplimiento de las funciones para las que fue electo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 7, establece que todos los servidores públicos deben conducir su actuación conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, integridad y rendición de cuentas.

Estos principios no distinguen colores partidistas.

Son obligaciones para todos.

Asimismo, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz establece que los integrantes del Ayuntamiento deben asistir personalmente a las sesiones de Cabildo, participar en las comisiones que les correspondan y desempeñar las funciones inherentes a su encargo. El ejercicio de estas atribuciones es personal y la ley contempla mecanismos específicos para licencias, ausencias y suplencias; no prevé que, de manera ordinaria, puedan ser sustituidos por representantes en el cumplimiento de sus responsabilidades edilicias.

Por ello, cuando la ciudadanía percibe que un regidor dedica más tiempo a actividades partidistas que al estudio de los asuntos municipales, o cuando existen ausencias reiteradas en sesiones, comisiones o actividades propias del cargo, resulta legítimo preguntarse si el mandato conferido por el electorado está siendo ejercido con la dedicación que exige la ley.

Del mismo modo, preocupa cuando algunos integrantes del Cabildo parecen recorrer intensamente colonias y comunidades únicamente cuando se aproxima un nuevo proceso electoral, mientras durante gran parte de su encargo la cercanía con la ciudadanía fue limitada.

La política no debería convertirse en una campaña permanente.

Debería ser un ejercicio permanente de servicio público.

Un buen regidor no es quien más critica.

Es quien presenta propuestas viables.

Un buen síndico no es quien protege intereses políticos.

Es quien protege la legalidad y el patrimonio municipal.

Un buen presidente municipal no es quien impone su voluntad.

Es quien escucha, dialoga y construye consensos en beneficio del municipio.

La ciudadanía también tiene una tarea pendiente.

Generalmente se evalúa al presidente municipal por las obras realizadas, pero pocas veces se analiza el desempeño individual de cada regidor y de cada síndico.

Sería deseable que todos los ayuntamientos publicaran de manera periódica indicadores claros sobre el trabajo de cada integrante del Cabildo:

• Número de sesiones ordinarias y extraordinarias a las que asistió.

• Asistencia y participación efectiva en las comisiones edilicias.

• Iniciativas, propuestas y puntos de acuerdo presentados.

• Sentido y justificación de sus votaciones.

• Informes de actividades y gestiones realizadas.

• Resultados concretos obtenidos para la población.

La transparencia debe ser una obligación de todos los integrantes del Ayuntamiento, no únicamente del presidente municipal.

Quizá ha llegado el momento de abrir un debate nacional sobre el fortalecimiento de los gobiernos municipales.

No para eliminar la representación proporcional, cuya existencia responde al principio democrático de pluralidad, sino para exigir mayor profesionalismo, rendición de cuentas, evaluación ciudadana y mecanismos que garanticen que quienes fueron electos dediquen plenamente su tiempo y capacidad al cargo que protestaron desempeñar.

Porque los partidos políticos son indispensables para la vida democrática.

Pero una vez concluida la elección, la primera lealtad de cualquier servidor público debe ser con la Constitución, con la ley, con las instituciones y, sobre todo, con los ciudadanos; nunca con intereses particulares o partidistas por encima del interés público.

Los municipios no necesitan más confrontación política.

Necesitan servidores públicos que entiendan que el cargo no representa un escalón para la siguiente elección, sino una enorme responsabilidad frente a la sociedad.

La democracia no termina cuando se deposita el voto en las urnas.

La democracia comienza al día siguiente, cuando quienes fueron electos recuerdan que el poder no les pertenece; pertenece al pueblo.

Y usted, como ciudadano:

¿Considera que los regidores y síndicos de su municipio están cumpliendo plenamente con el mandato constitucional que recibieron, o estima que aún prevalecen los intereses partidistas sobre las necesidades de la población?

Los invito a debatir con respeto, argumentos y propuestas. Una ciudadanía informada y participativa es la mejor garantía para fortalecer nuestros municipios y nuestra democracia.

Los leo sin hipocresía.

Cp. Guillermo Santos Martínez

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