De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- La institución financiera suspendió a todo el personal de una sucursal, investigó durante meses y, pese a que las cámaras y auditorías exoneraron a la mayoría, los despidió sin goce de liquidación. Detrás del caso, un historial de sobrexigencia laboral que ha derivado en enfermedades, desmayos y una demanda colectiva que avanza entre la indiferencia de las autoridades.
El 17 de febrero de 2026, la sucursal 103 de Banamex en Córdoba, amaneció bajo una investigación interna por robo de dinero. Gerencia y el área de investigación del banco interrogaron a todo el personal por videoconferencia.
Esa misma noche, los trabajadores recibieron un documento que los amparaba como “ausencia administrativa”: seguirían con goce de sueldo, pero no podían acercarse a la sucursal. Nadie sabía qué había pasado. Nadie sabía quiénes eran los responsables. La incertidumbre se instaló entre los 20 empleados de esa sucursal.
Tres meses después, el banco determinó que los únicos responsables del desfalco, cuyo monto supera los 40 millones de pesos, eran dos administradores, ambos despedidos desde el día de la investigación.
La evidencia, según el propio banco, era clara: las cámaras y las auditorías a cuentas bancarias de los empleados así lo demostraban.
Sin embargo, el 1 de junio de 2026, una parte del personal fue citado a la gerencia de Banamex en Córdoba. Vía videollamada con el área de Relaciones Laborales y la distrital, recibieron la noticia: rescindían su contrato y terminaban la relación laboral sin goce de liquidación. Solo una pequeña parte de finiquito. El argumento: aunque la investigación determinó que no tuvieron nada que ver con el fraude, el simple hecho de haber realizado actividades normales, como facturación de TMS y uso de claves fue suficiente para correrlos.
