AGENCIAS
MÉXICO.- El Gobierno de México prepara una de las reformas anticorrupción más amplias de los últimos años, con el objetivo de combatir de manera más efectiva el huachicol fiscal, las empresas factureras y el desvío de recursos públicos. El proyecto contempla modificaciones constitucionales y legales para fortalecer la fiscalización, las auditorías y la coordinación entre las instituciones encargadas de perseguir la corrupción.
De acuerdo con información difundida por El País, la iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno federal, legisladores de Morena, empresarios, académicos y especialistas, y busca convertirse en una de las prioridades del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, junto con el Paquete Económico 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) trabajan en una propuesta conjunta para reforzar el marco legal en materia de combate a la corrupción. Además, anunció un decreto para fortalecer las obligaciones de transparencia y evitar que las dependencias reserven información de manera discrecional, salvo en casos relacionados con seguridad nacional o procesos judiciales.
Uno de los principales ejes de la reforma será atacar el huachicol fiscal, esquema mediante el cual se evade el pago de impuestos en la comercialización de combustibles. La propuesta busca endurecer las sanciones no solo contra quienes extraen o distribuyen combustible ilegal, sino también contra quienes lo compran o financian. Para ello, se plantea ampliar el uso de la extinción de dominio sobre bienes vinculados con estas actividades ilícitas.
Otro de los frentes será el combate a las empresas fachada o factureras, utilizadas para simular operaciones fiscales y evadir impuestos. Las modificaciones contemplan mayores controles sobre sindicatos, universidades, organismos autónomos y gobiernos estatales y municipales, sectores donde se han detectado operaciones con comprobantes fiscales apócrifos.
El proyecto también propone una profunda reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al considerar que el modelo actual presenta limitaciones para detectar irregularidades y sancionar actos de corrupción. Entre las medidas destacan la modernización del sistema de auditorías, revisiones en tiempo real al gasto público, mayor independencia de los órganos fiscalizadores y una coordinación obligatoria entre las instituciones responsables del combate a la corrupción.
Asimismo, se plantea fortalecer a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, crear una fiscalía especializada en robo de hidrocarburos, ampliar la protección a denunciantes y establecer mecanismos de alerta ciudadana para detectar posibles actos de corrupción.
Con esta iniciativa, el Gobierno federal busca construir un nuevo modelo institucional que permita prevenir, detectar y sancionar con mayor eficacia los actos de corrupción, colocando el combate a la impunidad como uno de los ejes centrales de la administración de Claudia Sheinbaum.
