Personal sindicalizado de Córdoba acusa que el esquema anunciado por el Órgano de Administración Judicial deja 60% de la calificación a criterios subjetivos; advierten que no aceptarán un examen que pueda convertirse en mecanismo de separación laboral
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Córdoba se sumaron a la protesta nacional contra el nuevo esquema de evaluación anunciado por el Órgano de Administración Judicial, al considerar que sus criterios no garantizan una calificación objetiva y podrían poner en riesgo la permanencia de quienes no obtengan un resultado favorable.
Jesús Palma Morales, secretario de la sección 64 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, explicó que el acuerdo contempla evaluar al personal operativo y mandos medios de juzgados, tribunales colegiados y tribunales de apelación.
La inconformidad se concentra en la distribución de la calificación: 40 por ciento correspondería a conocimientos, mientras que el 60 por ciento restante dependería de factores que los trabajadores consideran subjetivos, entre ellos la valoración de titulares, compañeros y cargas de trabajo.
“Siempre hemos sido evaluados; de hecho, nos distinguimos por estar capacitados, en constante formación académica e institucional”, expresó Palma Morales, al defender la preparación del personal y rechazar que se ponga en duda su desempeño mediante un mecanismo que, aseguran, no ofrece parámetros claros.
El dirigente sindical sostuvo que la evaluación no debe convertirse en una herramienta para justificar despidos. Recordó que, tras la reforma judicial de septiembre de 2024, se establecieron compromisos para respetar los derechos laborales, por lo que consideran que el nuevo procedimiento debe ajustarse a esas garantías.
De acuerdo con el calendario que les fue comunicado, las evaluaciones comenzarán el 4 de diciembre y se aplicarán por etapas: primero a secretarios, después a actuarios y finalmente a oficiales administrativos. A nivel nacional, el proceso alcanzaría a más de 50 mil trabajadores; en Córdoba, alrededor de un centenar.
La sección sindical exige que la evaluación mida conocimientos y capacidades con criterios verificables, además de que tenga una finalidad de capacitación y profesionalización, no de castigo o separación laboral.
Como parte de su respuesta, los trabajadores anunciaron que promoverán acciones ante organismos de derechos humanos y acudirán a instancias laborales internacionales. También plantean medidas de resistencia, entre ellas no presentar el examen, pese a que reconocen que esa decisión podría tener consecuencias para su permanencia en el cargo.
La protesta coloca en el centro del conflicto la incertidumbre laboral de miles de trabajadores judiciales, quienes sostienen que su desempeño debe revisarse con reglas transparentes, sin dejar la mayor parte de la calificación a valoraciones personales.
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