AGENCIAS
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para modificar la Ley General de Transparencia, con el argumento de fortalecer el principio de máxima publicidad y obligar a las dependencias federales a brindar mayor información sobre el uso de recursos públicos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el objetivo es que el Gobierno federal sea más transparente y que la decisión sobre qué información puede ser difundida ya no dependa únicamente del criterio de los funcionarios públicos. Explicó que sólo podrán reservarse datos cuando exista una justificación relacionada con procesos judiciales o temas de seguridad nacional.
Entre los cambios anunciados destaca la obligación de que las dependencias publiquen cada mes la información sobre sus contratos públicos, cuando anteriormente esta actualización se realizaba de manera trimestral. Además, se contempla ampliar la información disponible sobre las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo estados financieros, contratos, políticas de operación y reportes presentados ante autoridades extranjeras.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, señaló que también se buscará que los órganos fiscalizadores publiquen datos sobre sus programas de auditoría, avances de revisiones, seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos encargados de fiscalizar recursos públicos.
Cuestionamientos por información reservada
El anuncio ocurre en medio de críticas de organizaciones civiles y especialistas que han señalado que, durante los últimos años, diversas instituciones federales han recurrido a la reserva de información pública bajo argumentos como seguridad nacional, confidencialidad o protección de datos estratégicos.
Entre los casos más polémicos se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que clasificó información relacionada con proyectos considerados prioritarios para el Gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, bajo el argumento de que divulgar ciertos datos podría afectar la seguridad nacional.
También Fonatur, durante la construcción del Tren Maya, enfrentó cuestionamientos por la reserva de documentos relacionados con contratos, estudios técnicos y procesos administrativos de la obra, mientras que Pemex ha sido señalado en distintos momentos por limitar el acceso a información sobre contratos, operaciones y situación financiera.
Otros organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y distintas dependencias federales han sido objeto de solicitudes de información que terminaron con documentos parcialmente reservados o clasificados.
El reto: pasar del discurso a los hechos
Especialistas en transparencia han advertido que la publicación periódica de contratos y datos gubernamentales será efectiva sólo si la información es completa, accesible y verificable, especialmente después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el cambio en el modelo de vigilancia del derecho ciudadano a la información.
El Gobierno federal sostiene que la nueva legislación permitirá una mayor apertura y reducirá los espacios para negar información sin justificación. Sin embargo, organizaciones y sectores críticos señalan que el principal desafío será demostrar que la reforma representa una verdadera política de transparencia y no únicamente un cambio administrativo.
La discusión ahora se centra en si las nuevas reglas lograrán recuperar la confianza ciudadana o si continuarán existiendo obstáculos para conocer cómo se ejercen los recursos públicos en México.
